Quien haya jugado un simulador de ciudades reconoce ese momento en que todo se tuerce. Colocas una zona industrial enorme. El consumo de energía se dispara y la solución más rápida es construir otra central. La ciudad crece y los números suben. En la pantalla el dinero es abstracto. En la vida real la factura llega a una casa con nombre y apellido.

Un documento confidencial filtrado y reportado por The Narwhal revela que el gobierno de Alberta, encabezado por la primera ministra Danielle Smith, estudia reconfigurar su red de gasoductos para alimentar futuros centros de datos de inteligencia artificial. El texto menciona la creación de nuevas sociedades de Estado para aumentar el suministro de gas natural. Un comité legislativo de revisión podría redactar nuevas disposiciones regulatorias para el otoño de 2026. Nada de esto es ley todavía. Es una filtración sobre algo que se está considerando.

Un gasoducto es una decisión política con forma de tubo porque quien decide por dónde pasa y para quién fluye también decide quién paga y quién se sienta a la mesa. Tubo enterrado. Decisión invisible.

Las organizaciones discuten la arquitectura cuando todavía es barato cambiarla, y casi nunca es entonces cuando se discute de verdad. La discuten en serio cuando ya está en el suelo y sale carísimo moverla.

El Instituto Pembina estima que una mayor dependencia del gas podría hacer subir los costos de electricidad para los consumidores. Esto importa porque describe la forma del trato. Primero se construye la infraestructura para una demanda que todavía no llega del todo. Después se reparte el costo entre quienes ya están conectados a la red. Es el mismo patrón que aparece con Stargate, el proyecto anunciado desde la Casa Blanca en enero de 2025 con un compromiso de 500 mil millones de dólares en infraestructura de IA. La aritmética de fondo es incómoda. Las personas cuyos empleos podría desplazar la IA ya están pagando, vía recibo de luz, la infraestructura que los desplazará. The Generosity in the Doorway rastrea esa estructura y Alberta se parece más a un capítulo de ese mapa que a una rareza canadiense.

¿Por qué debería importarle esto a alguien en México? El modelo se exporta con facilidad y Querétaro se ha convertido en polo de centros de datos. Las preguntas sobre electricidad y agua llegan siempre detrás de los anuncios de inversión, nunca antes. Cuando un gobierno nacionaliza el riesgo y deja privados los beneficios, eso se copia rápido.

¿Qué significa todo esto para quien paga el recibo si la demanda proyectada no se materializa? Si las nuevas sociedades de Estado asumen la inversión en suministro de gas y los centros de datos consumen menos de lo prometido, el público se queda con el tubo vacío. Los contratos de largo plazo con empresas tecnológicas pueden blindar a la empresa. Con las tarifas reguladas no hay esa garantía. Eso depende de redacciones que todavía no existen y precisamente por eso el comité de otoño importa más que el titular.

La vieja tesis asociada a Karl Wittfogel y su libro de 1957 sobre el despotismo oriental sostiene que las grandes obras hidráulicas de Mesopotamia o Egipto exigían un Estado centralizado y autoritario. Quien controla el agua controla a la gente. Es una idea seductora y aplicada a los gasoductos suena casi demasiado a propósito. También ha sido muy cuestionada.

Uno de los golpes más elegantes contra esa tesis viene de Valencia. Elinor Ostrom estudió en Governing the Commons cómo comunidades de regantes gestionan canales compartidos sin que un Estado ni un mercado los gobierne desde arriba. Las huertas valencianas son un ejemplo claro. El Tribunal de las Aguas se reúne cada jueves al mediodía a las puertas de la catedral, con raíces que se remontan a la Edad Media, y resuelve de palabra y en público las disputas entre quienes usan el mismo canal. Los jueces son agricultores elegidos entre sus pares. Las sanciones empiezan pequeñas y suben si la falta se repite. Quien usa el agua ayuda a escribir las reglas del agua. La UNESCO lo reconoció como patrimonio cultural inmaterial en 2009.

No quiero exagerar el paralelo. Una acequia valenciana sirve a una comunidad que se conoce la cara, y una red de gasoductos que alimenta centros de datos para empresas globales es otra escala, con otros intereses y mucho más dinero. No tengo claro cómo se traslada el principio de Ostrom a algo así. Desconfío de quien diga que es sencillo. Lo que me parece útil del ejemplo es más modesto. Muestra que existen reglas de infraestructura donde quien paga el mantenimiento tiene voz y quien rompe la regla enfrenta consecuencias proporcionales. Algunas de esas reglas llevan siglos funcionando.

Hay otra cosa, la mesa en Valencia está en la calle a la vista y el que paga puede mirar. En Alberta la discusión comenzó en un documento que se filtró. El experimento chileno de Cybersyn intentó, con sus limitaciones y su final trágico, que la información fluyera en ambos sentidos. Aquí ocurre casi lo contrario.

Un comité de revisión todavía no ha escrito una sola línea y precisamente por eso hay un margen que no existirá dentro de unos años. Se trata de un momento raro en el que la arquitectura aún se puede discutir.

Si ese comité redacta sus disposiciones antes del otoño de 2026, ¿habrá alguien sentado en la mesa que pague el recibo, o seremos otra vez los últimos en enterarnos de cuánto cuesta el tubo?

Sources

1. The Narwhal, reportaje sobre el documento filtrado del gobierno de Alberta y los centros de datos de IA.

2. Pembina Institute, análisis sobre dependencia del gas natural y costos de electricidad en Alberta.

3. Elinor Ostrom, Governing the Commons (Cambridge University Press, 1990).

4. UNESCO, inscripción del Tribunal de las Aguas de la Vega de Valencia en la lista del patrimonio cultural inmaterial (2009).

5. Karl A. Wittfogel, Oriental Despotism (Yale University Press, 1957).