Emmanuel Moulin lo expresó con la calma de quien traduce datos en certidumbre. Los nuevos aranceles estadounidenses generan incertidumbre y resultan desfavorables para el crecimiento. El gobernador del Banco de Francia no alertó sobre catástrofes. Solo reportó lo que su institución mide de forma continua.

El veinticuatro de julio de dos mil veintiséis, Estados Unidos sustituyó su arancel global temporal del diez por ciento por una estructura que oscila entre diez y doce punto cinco por ciento sobre bienes provenientes de sesenta socios comerciales. Entre ellos figuran la Unión Europea y China. La razón oficial invocaba una aplicación laxa de prohibiciones contra el trabajo forzado.

Un arancel es una restricción al comercio, porque añade un costo artificial a bienes que antes cruzaban fronteras con mayor libertad: esa es la lectura que domina las conversaciones financieras. Los aranceles imponen fricción, la fricción reduce el crecimiento, por eso se calcula el impacto en el PIB. La ecuación se sostiene. Pero queda incompleta.

Estados Unidos actúa de manera unilateral. Invoca una causa moral difícil de rebatir en público y despliega instrumentos que afectan a decenas de países al mismo tiempo. Moulin acierta en un aspecto técnico: gracias al acuerdo comercial de Turnberry, firmado en dos mil veinticinco, la Unión Europea queda relativamente protegida. No se trata de optimismo. Es lectura directa de un texto legal que China no posee.

Esta versión oficial encaja con una regularidad conocida. Estados Unidos ha empleado aranceles como palanca geopolítica durante años. La retórica sobre derechos laborales cuenta con respaldo documental en ciertas industrias. Los bancos centrales han construido modelos razonables para estimar choques comerciales sobre inflación y crecimiento. Cuando Moulin menciona incertidumbre, cita variables concretas: encuestas de confianza empresarial, decisiones de inversión que se posponen.

¿Por qué la justificación oficial casi nunca coincide con los países que reciben el arancel más alto? Si la lógica fuera puramente humanitaria, esperaríamos que golpeara con más fuerza donde los registros son peores. El reparto escalonado entre sesenta socios sugiere más bien un instrumento de negociación general que una sanción precisa por comportamiento verificado.

Esto no cuestiona el papel de Moulin. Como banquero central, mide el efecto agregado sin entrar en la política de la causa. Aun así, cuando los medios repiten la frase "trabajo forzado", aceptan el relato propuesto por Washington. Ese relato cumple una función adicional: desplaza la conversación desde por qué Estados Unidos reestructura el comercio global de forma unilateral hacia qué países fallan con sus trabajadores.

Un arancel del doce punto cinco por ciento sobre textiles filipinos o componentes vietnamitas no lo paga el gobierno emisor. Lo terminan pagando cadenas completas de suministro: fábricas que recortan costos laborales, distribuidores que suben precios al consumidor final, trabajadores que rara vez aparecen en los informes trimestrales.

Algo similar ocurre cuando se discute el ingreso básico universal frente al desplazamiento tecnológico. El mismo instrumento adquiere significados radicalmente distintos según quién lo diseña y quién lo sufre. La Unión Europea lo vive como molestia diplomática gestionable gracias a Turnberry. China lo siente como presión estructural sobre su modelo exportador. Las economías emergentes restantes simplemente absorben el golpe sin haber participado en ninguna discusión previa.

¿Qué significa esto para quien no dirige un banco central ni negocia tratados? La incertidumbre de la que habla Moulin no se reparte de forma equitativa. Algunos países la convierten en problema técnico gracias a marcos institucionales sólidos. Otros la reciben como choque directo sobre empleo y precios domésticos.

Las piedras no mienten. En los años treinta, la ley Smoot-Hawley elevó aranceles con el argumento de proteger empleo interno. Douglas Irwin documentó cómo esa medida detonó una espiral de represalias que agravó la contracción global. Las instituciones actuales son distintas: el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial del Comercio existen y en teoría deberían amortiguar escaladas. El proceso básico, sin embargo, se repite.

Lo que falta en el análisis dominante es examinar quién gana con el relato, más allá de quién gana comercialmente. La administración obtiene una justificación moral difícil de criticar. La Unión Europea refuerza la legitimidad de su diplomacia. Los analistas entrenados en puntos porcentuales de PIB disponen de pocas herramientas para observar cómo se distribuye el costo real entre los sesenta socios que carecieron de un Turnberry propio.

No tengo del todo claro cómo se resuelve esta asimetría estructural sin un marco multilateral con capacidad real de aplicación. Es un tema que sigo explorando, y conecta con ideas que desarrollo en Las Piedras No Mienten, un libro todavía en preparación que examina las regularidades que surgen cuando el poder decide unilateralmente y llama orden a esa decisión.

Un dato concreto contradice la lectura tranquilizadora del episodio: el arancel temporal del diez por ciento que expiró no era más bajo que el promedio de la nueva estructura. Para buena parte de los sesenta socios afectados, representa en la práctica un aumento neto disfrazado de ajuste técnico. La incertidumbre ya existía. Solo cambió el nombre que le dimos.

¿Qué tipo de orden global se consolida cuando medidas unilaterales se presentan como defensa moral mientras profundizan divisiones que los agregados económicos no logran capturar?

Fuentes:

1. Declaraciones públicas de Emmanuel Moulin, Gobernador del Banco de Francia, julio de 2026.

2. Acuerdo comercial Turnberry entre Estados Unidos y la Unión Europea, 2025.

3. Irwin, Douglas. Peddling Protectionism: Smoot-Hawley and the Great Depression. Princeton University Press, 2011.

4. Organización Mundial del Comercio, informes sobre política arancelaria estadounidense, 2026.