Hay una constante que se repite en la planificación urbana de casi cualquier ciudad grande del mundo: el diagnóstico es correcto, las soluciones propuestas concentran poder, y quien paga el costo del "progreso" es quien ya vivía ahí. El Plan General de Desarrollo 2025-2045 de la Ciudad de México no es la excepción. Es, de hecho, el ejemplo más reciente de una fórmula conocida.

El PGD identifica problemas reales: fragmentación metropolitana, suelo subutilizado, participación ciudadana insuficiente, crecimiento desordenado. El diagnóstico está bien hecho. El problema radica en las soluciones, que repiten errores que ciudades como Stuttgart, Ámsterdam y Tokio ya cometieron y corrigieron a un costo enorme. Hay alternativas probadas: fortalecer instituciones locales en lugar de superponer nuevas capas de regulación.

El primer error es lo que el plan llama "Casas de Gobierno" en las alcaldías. La idea es crear oficinas metropolitanas que supervisen y coordinen lo que los gobiernos locales electos ya deberían coordinar entre sí. Suena razonable hasta que lo lees con cuidado. No se trata de fortalecer las alcaldías. Se trata de crear una capa burocrática encima de ellas que responde al gobierno central, no a los vecinos que eligieron a sus representantes locales. Cuando surge una estructura paralela "de coordinación", lo que ocurre es que se vacía de poder a la original sin el costo político de eliminarla formalmente. Las alcaldías seguirán existiendo. Solo tendrán menos autonomía real de la que poseen hoy. Una alternativa sería asignar presupuestos directos a las alcaldías para que coordinen sin intermediarios, como hicieron en algunas zonas de París para resolver tensiones similares.

El segundo problema es la participación ciudadana que el plan propone. Las nuevas asambleas vecinales suenan bien sobre el papel, pero duplican lo que los Comités de Participación Ciudadana y Social (COPACOS) ya hacen, con una diferencia crucial: estas nuevas estructuras responden a la autoridad central. Cuando la participación la convoca quien ya tiene el poder, no es participación. Es legitimación. Ámsterdam aprendió esto en los años setenta, cuando intentó institucionalizar la participación desde arriba y terminó con procesos costosos que producían consensos que nadie respetaba. Lo que funcionó fue fortalecer los consejos de barrio existentes con presupuesto propio y poder de veto acotado, no crear nuevas instancias que compitieran con ellos. En CDMX, podría explorarse algo similar: dar a los COPACOS herramientas reales para influir en decisiones locales, sin solapamientos.

La redensificación es donde el plan tiene la intención más correcta y la ejecución más peligrosa. Densificar zonas consolidadas como Del Valle o Narvarte tiene sentido urbano: hay infraestructura existente, hay transporte, hay servicios. El problema es el orden de las operaciones. El PGD propone densificar primero y resolver la infraestructura después, o peor, asumir que la infraestructura existente aguanta más carga. Stuttgart y Múnich resolvieron esto de forma inversa: primero invirtieron en ampliar la capacidad de servicios —agua, drenaje, movilidad— y solo entonces abrieron el suelo a mayor densidad. Aquí se propone lo contrario. Lo que eso significa en la práctica es que los vecinos actuales absorben el costo de la saturación mientras los desarrolladores capturan la ganancia. No es modernización. Es transferencia de costos con nombre técnico. Priorizar la infraestructura primero no solo evita ese daño: construye confianza comunitaria antes de que lleguen las excavadoras.

El reciclaje de predios subutilizados es, en cambio, una propuesta urbanísticamente sólida. Reconvertir lotes baldíos, bodegas obsoletas y estacionamientos planos en usos mixtos tiene décadas de respaldo. El problema aquí no es el concepto sino la ausencia casi total de mecanismos anticorrupción en el texto. La "flexibilización" de usos de suelo sin reglas claras sobre quién puede solicitar cambios, con qué criterios se aprueban y cómo se auditan las decisiones es, en el mejor de los casos, una invitación a la discrecionalidad. En el peor, es especulación con sello oficial. Cada vez que una ciudad latinoamericana ha "flexibilizado" su suelo sin contrapesos claros, los beneficiarios han sido los mismos de siempre. Para contrarrestarlo, se podrían adoptar reglas transparentes de licitación pública, como en Tokio, donde la auditoría comunitaria previene abusos.

El problema que subyace a todo lo anterior es el financiamiento. Un plan de veinte años que describe sus fuentes de recursos como "plusvalías capturadas" y "reasignaciones presupuestales" no tiene financiamiento. Tiene intenciones. No hay tablas presupuestales por año. No hay costos desglosados por proyecto. No hay ningún mecanismo vinculante que obligue a las administraciones futuras a continuar lo que esta administración propone. Cualquier gobierno que llegue en 2030 puede reinterpretar, pausar o capturar este plan sin violar ninguna regla, porque no hay reglas financieras que violar. Esto no es un defecto menor. Es la diferencia entre un plan y un documento de relaciones públicas. Hay alternativas: fondos metropolitanos independientes, financiados por impuestos locales compartidos, que operen con mandatos estatutarios, como en algunas regiones de Alemania.

Las ciudades que funcionan no lo hacen porque tuvieron grandes planes. Lo hacen porque protegieron lo que ya funcionaba mientras regulaban estrictamente lo nuevo. Tokio tiene una densidad urbana que debería ser caótica y sin embargo funciona porque sus normas de construcción, sus sistemas de transporte y sus procesos de participación local llevan décadas ajustándose de forma incremental, sin grandes revoluciones institucionales. Ámsterdam preservó sus canales y su escala humana no porque un plan lo ordenara, sino porque los residentes tenían poder real para bloquear lo que destruía el tejido existente. El PGD de CDMX diagnostica bien los problemas y propone soluciones que centralizan poder sin contrapesos reales. Esa combinación tiene un historial conocido.

La fragmentación urbana —el problema real que el plan intenta resolver— no se resuelve con más poder central. Se resuelve con reglas claras que todos los actores deben seguir, con instituciones locales que tienen recursos propios y rendición de cuentas hacia sus comunidades, y con mecanismos de verificación que no dependan de la buena voluntad del gobierno en turno. Décadas de investigación urbana comparada lo documentan. No es una idea nueva. Es lo que los registros de ciudades que han sobrevivido siglos confirman: las que perduran son las que distribuyen el poder suficiente como para que nadie pueda capturarlas por completo.

Lo que falta no es un plan más ambicioso. Es honestidad sobre qué instituciones ya funcionan y vale proteger, qué reglas hacen falta que ningún gobierno pueda ignorar, y qué mecanismos de rendición de cuentas pueden operar sin depender de quien esté en el poder. Doce mil años de historia urbana —desde las primeras ciudades mesopotámicas hasta los barrios que sobreviven hoy a la gentrificación— confirman que esa pregunta importa más que cualquier plan maestro.

Las piedras no mienten, pero los historiadores a veces sí.

Fuentes:

1. Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México 2025-2045 (Gobierno de la CDMX)

2. Jacobs, Jane. The Death and Life of Great American Cities (1961) — sobre participación local y tejido urbano

3. Bertaud, Alain. Order Without Design: How Markets Shape Cities (2018) — sobre densificación e infraestructura

4. Gehl, Jan. Cities for People (2010) — sobre escala humana y participación vecinal

5. OCDE. Urban Policy Reviews: Mexico (2015) — sobre gobernanza metropolitana en ciudades latinoamericanas