El 18 de octubre más de cinco mil cuatrocientas comunas venezolanas eligieron entre treinta y siete mil doscientos cinco proyectos en la segunda consulta popular nacional de 2026. La cifra impresiona. Un número tan alto de proyectos votados sin embargo dice poco sobre cuántos se construirán, con qué dinero y bajo la supervisión de quién. La pregunta del título permanece abierta.

Una consulta popular equivale a poder real cuando el voto incluye manejo sobre el presupuesto. Decidir sin financiar equivale simplemente a opinar. Ese criterio guía este análisis. Es deliberadamente simple.

La información pública sobre esta consulta proviene en gran medida de ground.news. Este agregador incluye medios como Orinoco Tribune, teleSUR y NODAL. No constituye un problema en sí. Limita no obstante el alcance porque la narrativa surge del mismo lado que organiza el ejercicio. Esas fuentes no revelan detalles de financiamiento ni de ejecución. Los proyectos elegidos carecen de constancia de obra. Cualquier afirmación sobre resultados concretos sería especulación. Publicaciones en Facebook ofrecen contexto adicional. No las considero evidencia.

La consulta funciona como un circuito. Entradas, los votos. Después viene el proceso de preselección, financiamiento y desembolso. Finalmente las obras terminadas como salida. Solo se observa la entrada hasta ahora. Caja cerrada. Un canal abierto sin bucle de retroalimentación no ejerce dominio. Es apenas un buzón. La gente deposita su voluntad allí, nadie devuelve información verificable.

El diseño institucional importa porque una misma votación puede representar realidades opuestas. Cuando las comunas proponen los proyectos, las asambleas los priorizan y un fondo con monto conocido financia con auditoría externa se trata de una asamblea con autonomía. Cuando el menú de opciones se arma desde arriba, el desembolso depende de discrecionalidad central y no existe auditoría independiente la comuna actúa como extensión administrativa. Con los datos disponibles no se puede determinar cuál aplica. Justo ahí reside el nudo.

La historia proporciona espejos útiles. El presupuesto participativo de Porto Alegre que inició en 1989 operó efectivamente mientras el municipio vinculaba su presupuesto real a las decisiones de las asambleas barriales. Los vecinos veían pavimentos y escuelas nuevas. Regresaban a participar. Se debilitó al variar el compromiso de quien manejaba los recursos. La lección resulta incómoda. El mecanismo era tan sólido como la voluntad de quien tenía la chequera. The Generosity in the Doorway examina experiencias parecidas en Kerala. El presupuesto participativo generó logros allí. Arrastró también captura por élites locales y desigualdades en la participación. Ningún modelo llega blindado.

Los soviets de 1905 a 1917 surgieron como asambleas de delegados con legitimidad propia. Operaron como contrapoder real. Luego fueron absorbidos por la estructura estatal que afirmaban representar. Conservaron el nombre. Perdieron la autonomía. No sugiero que Venezuela replique esa historia. La relación entre la asamblea y el poder central sigue siendo la variable clave. Determina si hay sustancia o ritual.

El cui bono merece equilibrio. Proyectos financiados y ejecutados benefician directamente a las comunidades. Canchas, acueductos, reparaciones que antes no llegaban. Nada menor en un país con contracción económica que superó el setenta por ciento entre 2014 y 2021. El gobierno central gana capital político al legitimar su estructura comunal. Refuerza además el discurso de democracia participativa y protagónica. Las dos caras pueden ser ciertas simultáneamente. La proporción es lo que cuenta. Se mide solo con datos.

Esta dinámica conecta con las presiones externas y el ciclo de 2027. Ante críticas internacionales y el debate electoral que se aproxima una consulta con números elevados genera capital político interno. Demuestra movilización. Puede servir también como distracción ante tensiones económicas. La legitimidad construida de esta forma tiene un techo claro. Encuestas revelan desconfianza ciudadana. Esa desconfianza no se disuelve con votaciones adicionales. Se disipa con resultados que se puedan tocar.

Desde México estas dinámicas se ven con familiaridad. Las consultas se anuncian fácilmente. Las obras y los presupuestos transparentes cuestan trabajo.

Se pueden pedir cuatro elementos concretos y medibles. El presupuesto total asignado a los proyectos votados y su fuente. Plazos publicados para desembolso y ejecución de obra. Auditoría independiente sobre los recursos distribuidos. El porcentaje de proyectos completados versus los votados, actualizado por comuna. Con estos cuatro números la consulta pasa de promesa a verificación. Sin ellos nadie distingue asamblea de trámite. Ni defensores ni críticos.

El punto aplica independientemente del signo político. Un modelo que no cierra el bucle erosiona la confianza que pretende construir. Aquí o en cualquier lugar. Hay espacio para que el diseño se ajuste. Pedir trazabilidad no es confrontacional. Refleja lo que cualquier persona que votó un proyecto desearía saber. Si los datos emergen habrá base para un análisis sustantivo. Si no. Solo quedará el número.

Treinta y siete mil doscientos cinco.

¿Qué revelarán los resultados tangibles sobre si esto fue asamblea o trámite?

Fuentes:

1. ground.news, agregación de cobertura sobre la consulta popular nacional del 18 de octubre de 2026 (Orinoco Tribune, teleSUR, NODAL).

2. Literatura general sobre el presupuesto participativo de Porto Alegre (desde 1989).

3. Historiografía general sobre los soviets de 1905-1917.

4. Laurent, Y., The Generosity in the Doorway (Amazon, ASIN B0H6RT5Y32), en la discusión sobre participación y sistemas.