La libertad real es acotada porque termina donde empieza la libertad del prójimo: eso significa que ninguna libertad existe en el vacío, siempre se mide contra la de alguien más. Este fundamento, central en Las Piedras No Mienten, permite examinar las regulaciones que hoy moldean la expresión en medios y plataformas. La idea de proteger a los ciudadanos de desinformación, discurso de odio y contenido dañino suena razonable. Gobiernos invocan esa obligación para regular frecuencias concesionadas y lo que circula en redes, desde el Online Safety Act del Reino Unido hasta el Digital Services Act de la Unión Europea, pasando por las fricciones de Brasil con X y los debates recurrentes en México.

Un fumador puede ejercer su libertad solo mientras nadie más comparte el espacio. Cuando entra otra persona, esa libertad se acomoda ante el derecho ajeno de no respirar humo. Ninguna desaparece. Ambas se equilibran. Esta misma lógica se extiende al discurso público: si una publicación alcanza millones, incluidos niños, y genera un daño documentado, el Estado parece tener la tarea de intervenir.

¿Por qué el argumento carga peso real? Porque los casos existen y son verificables. La Unión Europea impuso a TikTok una multa de trescientos cuarenta y cinco millones de euros por fallas en protección de menores. Ofcom, en el Reino Unido, interroga a Telegram sobre chats cifrados alegando riesgos de terrorismo y explotación infantil. Las plataformas han servido de vehículo a daños concretos, especialmente entre los más vulnerables. Eso nadie lo discute en serio.

Aquí está la versión más sólida del argumento contrario al mío: si aceptamos que la libertad se ajusta en espacios compartidos físicos, ¿por qué rechazaríamos que la libertad de publicar se ajuste en la habitación digital que habitan millones de personas?

La pregunta interesante es otra: ¿qué ocurre cuando el mismo mecanismo creado para defender a jóvenes de algoritmos adictivos se vuelve contra opiniones incómodas para el poder establecido? Ahí aparece la elasticidad del lenguaje regulatorio. Etiquetas como discurso de odio, desinformación o interferencia extranjera se redefinen según conveniencia, y eso permite retirar contenido sin pagar el costo político de llamarlo censura.

Lo que llama la atención es la sincronía. Brasil suspendiendo el acceso a X, detenciones en el Reino Unido por publicaciones en redes, el arresto de Pavel Durov en Francia, presiones desde Estados Unidos a plataformas: nada de esto son respuestas aisladas. Reflejan una estructura construida durante décadas con técnicas de persuasión masiva, vigilancia expandida tras el once de septiembre y algoritmos que perfeccionan cámaras de eco. He visto en distintos contextos cómo instrumentos diseñados para un fin terminan habilitando otros completamente distintos.

Para quien simplemente opina sobre noticias sin ser figura pública, esto significa que el marco protector puede aplicarse de manera selectiva. La distinción entre resguardar a un menor y silenciar una voz crítica depende por completo de quién controla las definiciones en cada momento.

Étienne de La Boétie ya advertía en el siglo dieciséis sobre la servidumbre voluntaria: esa disposición a aceptar cadenas que uno mismo ayuda a sostener. Esa observación antigua ilumina el riesgo actual. Entregamos a autoridades y corporaciones la facultad de decidir qué es aceptable para todos, confiando en que su juicio permanecerá benigno. La historia sugiere que esa confianza rara vez se sostiene por mucho tiempo.

En el mundo físico siempre existe la opción de salir de la habitación, cambiar de canal o dejar de leer. Esa capacidad de retirarse permite ejercer la propia libertad sin necesidad de que el Estado silencie al emisor. Sin embargo, las leyes que se multiplican invierten poco en alfabetización mediática, filtros personales o transparencia algorítmica. En cambio, concentran la decisión desde arriba.

Singapur muestra el extremo hacia donde puede derivar esta lógica. Ocupa la posición ciento cincuenta y ocho de ciento ochenta en el índice mundial de libertad de prensa de Reporteros Sin Fronteras, envuelto en un relato de estabilidad y apertura económica que el Foro Económico Mundial celebra. Ese modelo atrae a líderes que asocian orden informativo con prosperidad.

No tengo una fórmula clara para trazar el límite exacto entre mi libertad de opinar y la libertad del receptor de no ser manipulado. Sigo explorando esto porque la complejidad supera las respuestas definitivas que suelen circular. Lo que muestran los datos es que los países con regulaciones digitales más estrictas no han logrado mayor confianza pública ni menor polarización. La confianza sigue cayendo en los índices globales, regulen mucho o poco.

¿Qué tipo de equilibrio estamos dispuestos a construir: uno que fortalezca la capacidad real de elegir, o uno que simplemente la transfiera a quien define por nosotros qué merece ser visto?