Hay una pregunta que pocas instituciones públicas quieren responder con honestidad: ¿quién controla los datos que el gobierno recopila sobre sus ciudadanos? No es una pregunta técnica. Es una pregunta política, y la diferencia importa más de lo que parece.

Los datos que generamos al pagar impuestos, cruzar una frontera, solicitar un servicio de salud o simplemente existir como contribuyentes forman un perfil cada vez más detallado de quiénes somos. El Estado lo sabe. Las empresas tecnológicas que le venden sistemas al Estado también lo saben. Lo que no siempre queda claro es si los ciudadanos tienen algún control real sobre ese perfil, o si simplemente somos los sujetos de un experimento de gobernanza que nadie nos explicó.

El Mgter. Lucas Roberto Fenoglietto lo plantea con precisión en su análisis sobre el algoritmo del Estado: la gobernanza de datos no debe entenderse como un fin en sí misma ni como una moda tecnocrática. Es una condición estructural para que el gobierno funcione mejor, o peor, dependiendo de cómo se aplique. Esa distinción entre "mejor para quién" es exactamente donde la conversación se complica.

Esta dinámica se repite en otros contextos. Cuando los sistemas de información se centralizan sin mecanismos claros de rendición de cuentas, lo que inicialmente se diseña como eficiencia operativa termina convirtiéndose en asimetría de poder. No necesariamente por malicia. Es la lógica natural de cualquier estructura que acumula información sin contrapesos: la información se convierte en palanca, y las palancas se usan.

El caso del SAT en México es ilustrativo. La fiscalización digital automática con cruce de datos por inteligencia artificial representa, en teoría, mayor eficiencia recaudatoria. En la práctica, el ciudadano enfrenta una estructura que sabe con precisión cuándo cometió un error, pero que raramente explica cómo llegó a esa conclusión. El algoritmo falla, y la carga de la prueba cae sobre quien menos recursos tiene para defenderse. Opacidad con interfaz moderna.

La dimensión geopolítica de este problema suele quedar fuera de la conversación doméstica, y es un error. La geopolítica moldea la gobernanza digital de formas que los ciudadanos individuales raramente perciben directamente. Cuando un gobierno adopta infraestructura tecnológica de un proveedor extranjero, no solo está comprando software. Está transfiriendo soberanía informacional. Los datos de sus ciudadanos viajan, se procesan y se almacenan bajo jurisdicciones que responden a otras leyes, otros intereses y otras presiones. La ciberseguridad deja de ser un tema técnico y se convierte en un asunto de soberanía nacional.

Eso no es especulación. Es la arquitectura real de cómo funciona la infraestructura digital global. Hay investigadores que llevan décadas documentando cómo los flujos de datos atraviesan fronteras de maneras que los tratados comerciales tradicionales nunca anticiparon. El Q-Day que Google proyecta para dos mil veintinueve, cuando la computación cuántica podría romper el cifrado actual, no es solo un problema técnico. Es la materialización de años de decisiones sobre gobernanza de datos que se tomaron sin consultar a nadie fuera de los círculos técnicos y corporativos.

Existen alternativas documentadas. No utopías: experimentos que funcionan. Islandia construyó island.is, una plataforma de servicios públicos digitales de código abierto que trescientos setenta mil habitantes usan con niveles de confianza institucional que la mayoría de los países considerarían imposibles. La clave no fue la tecnología. Fue la decisión política de hacer visible lo que normalmente se oculta: cómo funciona el sistema, quién tiene acceso a qué datos, bajo qué condiciones y con qué supervisión ciudadana. Transparencia como diseño, no como accidente.

La misma tendencia aparece en los movimientos de cooperativas digitales que han emergido en Nigeria, India y Vietnam. Son respuestas a la misma pregunta que los ciudadanos de todas partes están comenzando a formular: ¿por qué los datos que generamos con nuestra vida cotidiana benefician principalmente a quienes construyeron la infraestructura para capturarlos? Las cooperativas digitales proponen una respuesta simple en teoría y compleja en práctica: que la gobernanza de los datos sea comunitaria, no corporativa ni exclusivamente estatal.

Herramientas como Openplanter o plataformas de inteligencia de fuentes abiertas como SitDeck apuntan en esa dirección desde otro ángulo. Democratizan el acceso a información que antes era exclusiva de actores con recursos. Invierten parcialmente la asimetría informacional. No resuelven el problema estructural, pero demuestran que la opacidad no es inevitable, y que la rendición de cuentas puede fluir en múltiples direcciones, no solo de ciudadano a Estado.

El problema histórico con la opacidad en sistemas de información no es nuevo. Las burocracias han protegido sus archivos desde que existen los archivos. Lo que cambia en el contexto digital es la escala y la velocidad. Un Estado que en el siglo XX tardaba semanas en consolidar información sobre un ciudadano, hoy puede hacerlo en segundos. Esa aceleración no vino acompañada de una aceleración equivalente en los mecanismos de supervisión ciudadana. Ahí está el desequilibrio central.

La Secretaría Anticorrupción, los organismos de transparencia, las leyes de protección de datos: todos estos instrumentos existen en muchos países latinoamericanos. El problema no suele ser la ausencia de normas. Es la distancia entre lo que las normas dicen y lo que los sistemas hacen en la práctica. Un ciudadano mexicano puede, en teoría, solicitar acceso a los datos que el gobierno tiene sobre él. En la práctica, el proceso es suficientemente complicado como para desalentar a la mayoría. Esa fricción no es accidental.

La pregunta más difícil no es el diagnóstico, que ya está bastante bien documentado, sino bajo qué condiciones la gobernanza de datos puede volverse genuinamente democrática. No en el sentido de que todos voten sobre cada decisión técnica, sino en el sentido de que los sistemas sean inteligibles, auditables y contestables por quienes son afectados por ellos. Hay una diferencia enorme entre un sistema que genera decisiones automáticas y uno que genera decisiones automáticas explicables. La segunda condición no es más cara. Es una elección de diseño.

Cómo se escala ese modelo en países con instituciones débiles y recursos limitados sigue sin respuesta clara. Islandia es un caso notable precisamente porque es pequeño y relativamente homogéneo. Lo que funciona con trescientos setenta mil habitantes bajo condiciones de alta confianza institucional no se transfiere automáticamente a México, Brasil o Colombia. Las cooperativas digitales en economías emergentes podrían servir de puente, pero son adaptaciones locales, no trasplantes directos. Esa es una limitación real de los modelos que citamos como referencia.

La complejidad del problema no justifica la resignación ante la opacidad. Justifica exactamente lo contrario: mayor exigencia de claridad sobre cómo funcionan los sistemas que nos gobiernan, mayor inversión en mecanismos de supervisión ciudadana, y mayor voluntad política de aceptar que gobernar con datos no es lo mismo que gobernar bien. Los datos son un insumo. La gobernanza es una práctica, y las prácticas se pueden cambiar cuando hay suficiente claridad sobre qué está fallando y por qué.

La gobernanza de datos no es un problema técnico que los ingenieros resolverán solos. Es una pregunta sobre quién tiene el poder de definir la realidad institucional de una sociedad, y esa pregunta siempre ha sido política. Los algoritmos no son neutrales. Los sistemas de información no son neutrales. Tampoco lo son las decisiones sobre qué datos recopilar, cómo procesarlos, quién los audita y qué pasa cuando se usan para tomar decisiones que afectan vidas reales.

Las piedras no mienten, pero los historiadores a veces sí.

Fuentes:

1. Fenoglietto, Lucas Roberto. "El algoritmo del Estado: gobernar datos para gobernar mejor." Mercojuris. https://mercojuris.com/el-algoritmo-del-estado-gobernar-datos-para-gobernar-mejor-lucas-roberto-fenoglietto/

2. Laurent, Yves. "Q-Day 2029: El cifrado que protege tus datos ya caducó." 2026.

3. Laurent, Yves. "Islandia: Gobierno Open Source Que Funciona." 2026.

4. Laurent, Yves. "SAT 2026: IA Fiscal Automática y Multas por Deducciones." 2026.

5. Lay, Mariana. "Geopolítica, Gobernanza y Ciberseguridad." Prezi. https://prezi.com/p/gcjynviz_n5q/geopolitica-gobernanza-y-ciberseguridad/