Donald Trump anunció un acuerdo entre Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia que otorga a Washington control permanente de seguridad sobre la isla más grande del mundo. Según sus palabras el trato es a costo cero. Operación militar completa y veto a cualquier base extranjera sin autorización escrita. Suena a documento sellado, a fotografía de apretón de manos. Surge el problema: ni Dinamarca ni Groenlandia han confirmado que ese acuerdo exista. Un acuerdo geopolítico es vinculante solo cuando todas las partes lo reconocen públicamente, y aquí solo una habla.

Trump expone términos, cifras y garantías. Del otro lado hay silencio. Silencio total.

El primer ministro groenlandés Jens-Frederik Nielsen lo había dejado claro meses atrás: la soberanía de su país no está en discusión. En enero el vicepresidente J.D. Vance y el secretario de Estado Marco Rubio se reunieron con el canciller danés Lars Rasmussen y con Nielsen. La reunión ocurrió, hay registro. Lo que se dijo o se acordó sigue sin aparecer en documento público. Una encuesta de ese mismo mes mostró que el ochenta y cinco por ciento de los groenlandeses rechaza integrarse a Estados Unidos.

Groenlandia lleva siglos siendo territorio de interés ajeno antes que territorio con voz propia. Colonia danesa primero. Luego territorio autónomo dentro del Reino de Dinamarca desde 1979, con autogobierno ampliado en 2009. Cuenta con cincuenta y seis mil habitantes, casi todos inuit, dispersos en 2.1 millones de kilómetros cuadrados cubiertos en un ochenta por ciento por hielo. Bajo ese hielo hay tierras raras, uranio y una posición ártica que gana valor conforme el deshielo abre rutas marítimas y yacimientos antes inaccesibles.

Trump no inventó el interés estadounidense en Groenlandia. Estados Unidos ya opera la base Pituffik, antes Thule, desde 1951 bajo tratado con Dinamarca. Lo que cambia ahora es la pretensión de exclusividad permanente. No queda claro qué recibe Groenlandia a cambio ni si algún groenlandés estuvo realmente en el cuarto donde se negoció. El cálculo del costo cero deja abierta la pregunta más incómoda. Sin costo para quién más.

He observado esta regularidad en distintos contextos: el imperio moderno no necesita anexar territorio para controlarlo. Le basta con que el territorio no pueda decir que no. Roma instalaba gobernadores leales y garantizaba rutas comerciales. Washington no declararía a Groenlandia estado 51. Le basta con decidir quién puede construir bases allí.

¿Por qué anunciar un acuerdo que la otra parte no confirma? El anuncio mismo genera presión. Coloca a Dinamarca y Groenlandia en posición defensiva: confirmar algo negociado a medias o desmentir públicamente al presidente de la potencia que maneja su seguridad militar desde hace décadas. Ninguna opción resulta cómoda.

¿Qué gana Estados Unidos con control permanente en lugar de un arreglo renovable como el actual? La respuesta apunta hacia China y Rusia. Ambas han mostrado interés creciente en minerales árticos y rutas que el deshielo libera. El veto permanente sobre bases extranjeras no se dirige contra Groenlandia. Se dirige contra terceros usando a Groenlandia como el terreno donde se traza la línea.

La tendencia a negociar por encima de la población afectada no es nueva. En The Generosity in the Doorway exploro un problema estructural parecido con el consorcio Stargate. Quien diseña la propuesta, quien la financia y quien decide quién queda dentro suele ser la misma entidad. Los territorios donde recaen los efectos rara vez tienen asiento en la mesa donde se firma su destino. Basta mirar quién habla en el anuncio y quién guarda silencio después.

El silencio danés y groenlandés admite dos lecturas. Cautela diplomática mientras calibran una respuesta que no rompa la relación de seguridad con Washington. O evidencia de que el acuerdo es, en el mejor caso, una versión ampliada de conversaciones exploratorias presentada como hecho consumado para consumo político interno. Ambas lecturas son plausibles con la información disponible. No descarto ninguna sin ver el texto que hasta ahora nadie ha publicado.

Esto conecta con el acercamiento de Canadá a la Unión Europea que analicé antes. La arquitectura de poder que Washington daba por inevitable empieza a mostrar grietas. Un acuerdo de seguridad permanente anunciado unilateralmente suena menos a confianza y más a intento de fijar por decreto lo que ya no se garantiza por consenso.

Queda la pregunta que ninguna cifra resuelve con facilidad. Qué significa la soberanía de un territorio de cincuenta y seis mil habitantes cuando el ochenta y cinco por ciento de su población decide una cosa y la potencia que tiene la llave de su seguridad militar anuncia lo contrario. No tengo respuesta limpia. Sigo explorando este tema.

Silencio total. Las piedras no mienten pero los comunicados de prensa ofrecen su propia versión de los hechos.

¿Cómo se negocia la soberanía cuando cincuenta y seis mil voces enfrentan a quien controla el hielo que se derrite?

Fuentes:

1. Declaraciones públicas de Donald Trump sobre el acuerdo de seguridad EE.UU.–Dinamarca–Groenlandia

2. Reuniones de enero entre J.D. Vance, Marco Rubio, Lars Rasmussen y Jens-Frederik Nielsen

3. Encuesta de opinión pública en Groenlandia (enero), oposición del 85% a la integración con EE.UU.

4. Estatuto de autogobierno de Groenlandia (2009) y acuerdo de base Pituffik/Thule (1951)