Pedro Sánchez anunció que España quiere un acuerdo nacional con sindicatos y empresarios el próximo mes para regular la inteligencia artificial. Doce meses de hoja de ruta, una gigafactory de IA, modelos entrenados con el Centro de Supercomputación de Barcelona y un sistema educativo que promete adaptarse para preparar a los jóvenes para empleos que todavía no existen del todo. Suena ambicioso. Suena también a terreno ya transitado.

IA360 es un plan de gobernanza porque busca sentar al Estado, a los trabajadores y a las empresas en una mesa común antes de que la tecnología imponga sus propias reglas. Esa mesa define su núcleo operativo. Sánchez no solo ofrece infraestructura: critica abiertamente a los líderes tecnológicos que rechazan cualquier norma, algo poco habitual entre gobernantes que suelen competir por atraer inversión de las mismas firmas.

España confronta a los gigantes tech en lugar de limitarse a incentivos fiscales porque la legitimidad de construir infraestructura propia le otorga margen real de negociación. Quien posee parte de la base técnica puede discutir reglas sin que su voz suene a súplica. Esta tendencia aparece en distintos ciclos tecnológicos. La Unión Europea negoció el AI Act durante años. Las empresas afectadas diluyeron partes clave mediante cabildeo. Estados Unidos carece de regulación federal coherente y deja que cinco o seis compañías marquen el ritmo.

España prueba un camino híbrido con IA360. Construye capacidad estatal, la gigafactory, el supercomputador de Barcelona, para reducir la dependencia total de Silicon Valley. Construir infraestructura propia y lograr independencia real no siempre coinciden. Amazon alertó públicamente sobre riesgos de Anthropic, empresa en la que había invertido miles de millones. Quien levanta la estructura suele terminar gestionando también el supuesto correctivo. Un supercomputador financiado por el Estado pero que opera con chips, arquitecturas y modelos base de las mismas compañías criticadas difícilmente escapa de esa dinámica.

Un acuerdo con sindicatos y empleadores en inteligencia artificial requiere peso vinculante sobre despidos y reconversión. De lo contrario se convierte en fotografía. En Ulsan los trabajadores de Hyundai pararon la línea ante Atlas. Sin mesa previa. Solo huelga. El Manifiesto Ludista surgió de una frustración parecida: artesanos que destruyeron telares porque nadie los había sentado a negociar el cambio. Si el pacto español queda en lo simbólico, el desenlace se parecerá. Solo que con una tradición sindical que todavía conserva fuerza.

La ambición educativa distingue este plan. Adaptar el sistema escolar para empleos de IA parece sensato en el papel. Choca sin embargo con una realidad incómoda: nadie sabe con certeza qué trabajos resistirán en cinco años. Ejecutivos de Microsoft hablan de automatizar gran parte del trabajo de oficina en plazos breves. La velocidad del cambio tecnológico supera con creces la capacidad de reforma de cualquier sistema educativo. Formar adolescentes para roles que tal vez no existan genera una tensión que ningún decreto de doce meses resuelve.

El argumento central de Sánchez sostiene que la IA debe reducir la desigualdad en vez de ampliarla. La intención declarada rara vez coincide con el resultado distribuido. Cybersyn en Chile intentó usar tecnología de información para democratizar decisiones económicas en tiempo real. Funcionó parcialmente algunos meses. El golpe de 1973 lo interrumpió. La lección no es que los proyectos cívicos sean inútiles. Sin voluntad sostenida y blindaje institucional cualquier estructura puede capturarse o revertirse. España exhibe voluntad política declarada. El blindaje institucional necesario para que IA360 sobreviva a un cambio de gobierno o a presiones posteriores sigue sin confirmarse.

Otra cuestión merece atención: ¿quién audita realmente los modelos que salen del Centro de Supercomputación de Barcelona? The Generosity in the Doorway examina cómo la interpretabilidad ciudadana, que una persona sin formación técnica entienda por qué un sistema decidió algo, permanece como promesa incumplida. Un gobierno puede poseer el hardware y carecer todavía de capacidad real para explicar línea por línea las decisiones de su propio modelo. La propiedad nominal del servidor no equivale a dominio técnico. Lo mismo ocurrió en experiencias donde la cooperativa era dueña legal pero la transparencia dependía de quien revisaba el código.

No tengo respuesta clara sobre si IA360 funcionará. Nadie la tiene todavía. Lo que resulta valioso es que España intente armar una mesa de tres patas, Estado, sindicatos, empresas, cuando la mayoría de los países prefieren dejar que la tecnología avance y luego aplicar parches. Construir la mesa antes del incendio parece la estrategia más inteligente. Una mesa con tres patas, sin embargo, necesita que cada una tenga peso real y no solo asiento simbólico.

El lenguaje completo de IA360, gigafactory, hoja de ruta, acuerdo nacional, pertenece a quienes ya disponen de capacidad fiscal y voz política. Los operadores de centros de datos en otras geografías, los trabajadores de subcontratación que ya están siendo desplazados, ni siquiera figuran en la conversación española. No es un reproche exclusivo a Sánchez. Es una tendencia que se repite. Se negocia donde existe poder visible. Tres patas. ¿Bastarán para sostener el peso?