En Narva, la ciudad estonia pegada a la frontera con Rusia, la administración municipal planea reducir de forma significativa su presupuesto participativo. En la vecina Narva-Jõesuu se habla de trasladar esos recursos a organizaciones no gubernamentales. Conviene decirlo desde el principio. Son planes y consideraciones que reportó ERR, la radiotelevisión pública estonia. No una cancelación confirmada. El programa sigue en revisión. Las razones que se mencionan se repiten en muchas partes del mundo: propuestas vecinales costosas, vagas o difíciles de ejecutar.

Un presupuesto participativo es un proceso donde los vecinos proponen y votan en qué se gasta una parte del dinero público, porque busca cerrar la brecha que la democracia representativa deja entre necesidades reales y lo que los funcionarios alcanzan a ver. Esa es su promesa. La tesis popular que ahora circula en Narva, aunque sea más susurrada que declarada, sostiene que la promesa se agotó. Si los vecinos piden cosas imposibles, mejor que decidan los profesionales.

Hay que darle crédito a ese argumento. Quien administra una ciudad responde por cada euro. Una propuesta que dice "más vida en el barrio" no se puede licitar, presupuestar ni auditar. Si un proyecto cuesta el triple de lo previsto, o exige permisos que el municipio no controla, alguien tiene que cargar con la frustración. Suele ser el funcionario que tiene que decir "no se puede" a gente que votó con entusiasmo. Ese desgaste es real. Las Piedras No Mienten habla de la fatiga como límite de cualquier estructura participativa. La atención humana es finita. Los registros de los referendos suizos muestran que participan siempre los mismos, y el resto delega de hecho.

El problema podría no ser que la gente propone mal. El canal podría recibir mal las señales. Una idea vaga no es un fallo ciudadano, es una señal sin filtrar. La participación funciona como un canal con requisitos de ancho de banda, filtrado y capacidad de procesamiento. Cuando cualquier sugerencia entra sin ayuda para convertir "queremos un parque mejor" en un proyecto con alcance, costo y plazo, el resultado es ruido. Entonces alguien culpa a la entrada.

El bucle se rompe. La entrada ciudadana debería traducirse en una salida ejecutable y la respuesta sobre qué se hizo y por qué debería volver a quien propuso. Cuando falta el acompañamiento técnico o los criterios de viabilidad no se explican de antemano, el proceso falla. Un proceso roto invita a cerrarlo en lugar de repararlo. No sé exactamente qué falla ocurre en Narva. Las fuentes no lo detallan. Por eso la pregunta importa más que la sentencia.

Esta brecha entre voz y ejecución viene desde el ágora ateniense. Cualquier ciudadano podía hablar. Lo que llegaba a votarse pasaba por un consejo que preparaba la agenda y lo decidido necesitaba magistrados que lo ejecutaran. La voz sin canal administrativo era ruido en la plaza. Quien filtraba las propuestas tenía un poder enorme.

Porto Alegre en Brasil muestra la otra cara. El presupuesto participativo arrancó allí en 1989 como experimento de gestión y se volvió modelo internacional. Lo que lo sostuvo fueron reglas claras y apoyo técnico del gobierno municipal. En varios lugares donde se copió decayó al perder respaldo político. Kerala en India tiene luces y sombras parecidas, resultados notables junto a captura por élites locales y dificultad de los ciudadanos para evaluar proyectos complejos. La participación aguanta cuando alguien paga el trabajo de traducirla.

Ahora el cui bono, porque ninguna decisión presupuestal es neutral. Si Narva recorta, la administración gana dominio. Menos dinero decidido por vecinos es más dinero decidido desde el despacho. Si Narva-Jõesuu redirige a ONG, esas organizaciones ganarían fondos. El incentivo existe. En ambos casos avanza un relato cómodo para los gobiernos que prefieren decidir desde arriba. Que la participación es ineficiente. Es un buen relato porque es parcialmente cierto. Así funcionan los buenos relatos. Discutir qué estructura es mejor es fácil. Lo difícil es saber quién tiene la pluma.

Redirigir a ONG tampoco resuelve el cuello de botella. Una ONG puede tener más capacidad técnica que un grupo de vecinos. Entonces ya no decide el vecino sino quien tiene la capacidad de escribir proyectos. Cambiar un filtro por otro no mejora el canal.

Merece la pena experimentar antes de recortar. Un año con tres piezas: un equipo técnico que ayude a convertir ideas en proyectos antes de la votación, criterios de viabilidad publicados desde el inicio y una devolución obligatoria para cada propuesta descartada con motivo y posible ajuste. Medir entonces cuántas propuestas llegan a ejecutarse. Si el porcentaje sigue siendo bajo con ese apoyo, el recorte tendría un argumento serio. Si sube, el diagnóstico habría estado mal desde el principio.

Queda un dato que contradice la intuición. La mayoría supone que un presupuesto participativo se acaba cuando la gente deja de participar. Lo que suele pasar primero es lo contrario. La gente sigue proponiendo. Es la administración la que pierde capacidad o ganas de procesar lo que recibe. Ideas vagas. Recursos limitados. Frustración acumulada.

¿Y si el verdadero límite no está en las propuestas de los vecinos sino en nuestra habilidad para darles forma?