Una hectárea de aguacate en Michoacán consume hasta mil seiscientos litros de agua por kilo producido. Un panel solar residencial en Costa Rica puede inyectar excedentes a la red y, según la tarifa vigente, ese excedente vale distinto cada mes. Una empresa que reporta métricas ESG impecables puede seguir financiando en la misma cartera proyectos que las contradicen. Tres escenarios. Tres sectores. Un mismo problema debajo. Sostenibilidad es la capacidad de un sistema para mantener su función sin agotar los recursos que la sostienen, porque todo modelo opera dentro de límites que alguien en algún momento tiene que decidir cómo repartir. Esa definición suena obvia. Lo que no resulta tan evidente es quién hace la repartición, con qué criterios y a quién le conviene que la conversación se quede en lo técnico para no tocar lo político.

En el terreno financiero, el lenguaje se ha vuelto sofisticado. El marco ESG nació como intento de incorporar externalidades al cálculo de riesgo financiero. Si una empresa contamina un río, ese costo regresa como riesgo regulatorio o legal. Mejor medirlo desde ahora. La optimización de estrategia ESG se ha convertido en gran medida en optimización de reporte. Las organizaciones que mejor puntúan en estos marcos no son necesariamente las que menos dañan. Son las que mejor documentan.

¿Quién define entonces qué cuenta como criterio ESG válido y quién audita esa definición? La respuesta apunta a las mismas instituciones financieras que gestionan los activos que esos marcos deberían regular. Es gobernanza que se autoevalúa. No hace falta imaginar mala fe para ver el problema estructural. Cuando el actor con el bolígrafo también escribe el examen, el examen tiende a devolver buenas notas. The Generosity in the Doorway explora esta tensión al hablar de distribución de recursos. Cada propuesta de reparto presupone un actor con autoridad. Pocas explican qué le impide reescribir las reglas una vez que las tiene en la mano.

Para quien simplemente paga la luz o compra alimentos, esto significa que la sostenibilidad que llega al consumidor final ya viene filtrada por decisiones tomadas mucho antes en oficinas donde nunca entró.

En el campo, la agrosostenibilidad enfrenta una versión todavía más directa del problema, porque aquí los recursos son físicos y finitos. AENOR lo plantea con claridad en su análisis del sector. No se reduce a bajar insumos químicos. Requiere repensar toda la cadena, desde la tenencia de la tierra hasta el acceso al agua de riego. Ese acceso no se reparte de manera neutral. En México, el ejido concentra una lógica comunitaria de tenencia que en teoría favorece la distribución equitativa, pero en la práctica compite contra agroindustrias que acaparan derechos de agua mediante concesiones.

Cuando no hay un árbitro externo confiable, los recursos compartidos tienden a fragmentarse en territorios de facto. Recursos compartidos. Reglas que se cumplen. Eso marca la diferencia. Elinor Ostrom dedicó buena parte de su carrera a documentar las excepciones a esta tendencia. Comunidades que sí lograron gestionar recursos comunes sin privatización ni colapso. Sus hallazgos centrales fueron reglas claras, monitoreo verificable y sanciones proporcionales al daño. Sociedades antiguas en Mesoamérica ya enfrentaban repartos similares de agua y tierra a través de sistemas que reflejaban poder y reciprocidad.

Esto resuena con el mismo fundamento de reciprocidad que se analiza en Las Piedras No Mienten. Los ciclos de contribución y consecuencia necesitan velocidad correcta. Ni tan lentos que nadie conecte la acción con el resultado ni tan rápidos que generen vigilancia paranoica. La agrosostenibilidad exitosa, cuando existe, sigue ese ritmo.

La generación distribuida de energía ilustra el tercer ángulo y resulta quizá el más instructivo, porque aquí la tecnología ya resolvió la parte difícil. Grupo ICE en Costa Rica documenta con detalle su mapa de capacidad de alojamiento de red. Cualquier usuario puede instalar paneles solares e inyectar excedentes al sistema. La infraestructura técnica para medirlo con precisión existe. El problema ya no es técnico, es tarifario. Las tarifas aplicables cambian con el tiempo y esos cambios determinan si generar tu propia energía es un negocio, un empate o una pérdida.

La tecnología democratizó la producción. La estructura tarifaria decide si esa democratización se traduce en beneficio real o se queda en gesto simbólico. Confundir capacidad técnica con estructura de reparto es precisamente el error que permite que proyectos bien intencionados terminen beneficiando a quien menos lo necesita. Un sistema de generación distribuida sin tarifas justas favorece a quien ya tiene capital para instalar paneles mientras deja la factura completa a quien no.

La infraestructura de medición ya existe o está cerca de existir en los tres casos. Sabemos calcular huella hídrica y auditar emisiones. Medir kilovatios inyectados a la red con precisión de minuto también es cosa resuelta. Lo que no tenemos resuelto es quién controla esa infraestructura de medición y bajo qué reglas de rendición de cuentas opera. La teoría de juegos institucional lleva décadas diciendo algo simple que seguimos ignorando. Un sistema de incentivos mal diseñado produce comportamiento racional que es colectivamente destructivo, no porque los actores sean malos sino porque las reglas no alinean beneficio individual con sostenibilidad del conjunto.

No tengo una solución cerrada para esto y sería deshonesto fingir que la tengo. Lo que sí puedo ofrecer es una distinción que ayuda a leer cualquier propuesta de sostenibilidad que aparezca en los próximos años. Pregúntate primero si resuelve un problema técnico o un problema de distribución de poder, porque suelen venir empaquetados juntos y el empaque técnico casi siempre esconde la decisión política. Los marcos ESG, los certificados de agrosostenibilidad y las tarifas de generación distribuida son, antes que nada, decisiones sobre quién carga el costo y quién recibe el beneficio. La tecnología que los hace posibles es, en comparación, la parte fácil.

¿Pero seguiremos permitiendo que sean siempre los mismos actores quienes decidan quién reparte y quién escribe las reglas?

Fuentes

1. Global Dev Journal — From Digital to Global Governance: Strategic Optimization

2. Revista AENOR Nº 364 — Agrosostenibilidad: reto y futuro del sector agrícola

3. Grupo ICE — Generación distribuida: tarifas y mapa de capacidad de alojamiento de red