Cuando un sistema extrae más de lo que puede sostener, colapsa. No es una metáfora. Es una descripción técnica de lo que ocurre en minas, pozos petroleros, ecosistemas y economías enteras cuando la lógica de extracción máxima supera la capacidad de regeneración del modelo. Lo curioso, y también lo inquietante, es que esta tendencia no es nueva. La hemos visto antes. Y seguimos sorprendiéndonos cada vez que se repite.

El colapso reciente en una mina de Sinaloa, donde la ruptura de una geomembrana dejó trabajadores atrapados bajo tierra, no es un accidente aislado. Los reportes técnicos indican que al momento de la falla había veinticinco personas en la zona afectada. Cuatro quedaron atrapadas. Eso es una estadística fría para quienes no están adentro. Para quienes sí estaban, es el resultado concreto de una estructura diseñada para extraer, no para sostener. Las geomembranas son infraestructura de contención, no de producción. Cuando fallan, es porque algo en la cadena de decisiones priorizó velocidad o costo sobre integridad estructural. Siempre hay una cadena de decisiones detrás de cada colapso.

El mismo patrón aparece al examinar el impacto socioambiental de la industria petrolera en el sureste mexicano. La descripción es casi clínica en su precisión: la generación de riqueza macroeconómica coexiste con una severa degradación del ecosistema. Traducido: alguien gana mucho dinero mientras el entorno que sostiene a las comunidades locales se destruye de forma sistemática. No es una falla del modelo. Es el modelo funcionando exactamente como fue diseñado. La riqueza sube por un canal. Los costos se distribuyen hacia abajo y hacia afuera, sobre tierras, ríos, cuerpos y comunidades que no aparecen en los balances financieros.

Hay investigadores que llevan décadas documentando esta dinámica. El concepto de "ecología de guerra total", explorado recientemente desde perspectivas geopolíticas, ofrece una lente útil aquí. La idea central es que los conflictos modernos, incluidos los conflictos económicos por recursos, colapsan el efecto estabilizador que normalmente tienen las instituciones sobre el crecimiento. Cuando la extracción opera en modo de guerra total, los procesos de regulación y equilibrio simplemente se desconectan. Lo que queda es pura lógica extractiva sin freno: toma todo lo que puedas antes de que llegue alguien más, o antes de que el modelo colapse.

Esta tendencia no es exclusiva del siglo XXI. Reconozco esta dinámica en civilizaciones que sobreexplotaron sus bases de recursos hasta el punto de no retorno. Las antiguas sociedades mesoamericanas extrajeron sus tierras fértiles hasta que el suelo se agotó, dejando ruinas que hoy hablan de lecciones no aprendidas. La diferencia entre aquellas civilizaciones y la nuestra no es la tecnología ni la sofisticación. Es la velocidad. Hoy extraemos más rápido, distribuimos los costos más eficientemente hacia los márgenes, y documentamos el proceso en tiempo real mientras seguimos haciéndolo. Tenemos más datos que nunca sobre el colapso que estamos construyendo.

Lo que complica este análisis es que no estamos hablando de actores maliciosos operando en las sombras. La mayoría de quienes toman decisiones extractivas responden a incentivos perfectamente racionales dentro de sus estructuras. Un gerente de mina que aprueba el uso de una geomembrana de menor especificación responde a presiones de costo que vienen de arriba. Un ejecutivo petrolero que firma contratos en zonas ecológicamente sensibles cumple con sus obligaciones fiduciarias hacia accionistas. El problema no es la maldad individual. Es la arquitectura del modelo de incentivos, que hace de la extracción máxima la decisión racional a corto plazo, aunque sea suicida a largo plazo.

Aquí es donde la teoría de juegos ofrece algo concreto. Los dilemas del prisionero no se resuelven apelando a la moral de los jugadores. Se resuelven cambiando las reglas del juego. Mientras los costos del colapso estructural, tanto en minas como en ecosistemas petroleros, se externalicen hacia comunidades, trabajadores y generaciones futuras, las empresas seguirán tomando decisiones que maximizan extracción a corto plazo. El cálculo solo cambia cuando los costos reales se internalizan en el mismo modelo que genera las ganancias. No es una propuesta ideológica. Es matemática básica de incentivos.

Hay precedentes históricos de comunidades que encontraron formas de gestionar recursos comunes sin destruirlos. Elinor Ostrom documentó decenas de estos casos, desde sistemas de irrigación en Japón hasta pesquerías en España, donde comunidades locales desarrollaron reglas de uso sostenible que sobrevivieron siglos. No eran utopías. Eran modelos con mecanismos de rendición de cuentas, límites claros de extracción y consecuencias reales para quienes violaban las reglas. La diferencia con nuestro enfoque actual no es la complejidad. Es la alineación entre quienes extraen, quienes cargan con los costos y quienes establecen las reglas.

El caso del sureste mexicano ilustra exactamente esta desalineación. Las comunidades que viven sobre los recursos petroleros cargan con la degradación ambiental. Las empresas y el Estado capturan la riqueza macroeconómica. Y las reglas las establecen actores cuya distancia geográfica y financiera de las consecuencias es suficiente para no sentirlas. No es un accidente de diseño. Es el diseño mismo. Corregir esta tendencia requiere algo más que regulación incremental. Requiere redistribuir quién tiene voz en las decisiones de extracción y quién carga con los costos cuando el modelo falla.

Todavía no tengo claro cómo se implementa eso a escala nacional o global sin caer en otras trampas institucionales. Hay aspectos de gobernanza de recursos que son genuinamente difíciles, donde las soluciones locales que funcionaron en contextos pequeños no escalan fácilmente a economías complejas. Lo que sí parece claro, a partir de las regularidades que se repiten en minas colapsadas, ecosistemas degradados y comunidades empobrecidas sobre tierra rica, es que el modelo actual no es una fase temporal de desarrollo. Es una trayectoria con un destino conocido.

El colapso en Sinaloa no es un evento excepcional. Es un síntoma legible de una estructura que extrae sin sostener. La degradación petrolera en el sureste tampoco es una externalidad desafortunada. Es el costo real de una contabilidad que no cuenta todo. La ecología de guerra total no describe solo conflictos militares. Describe cualquier modelo donde la lógica de extracción máxima suspende los procesos que normalmente limitarían el daño. Reconocer la tendencia es el primer paso. El segundo es diseñar estructuras donde los incentivos apunten en una dirección diferente, no porque sea idealista, sino porque los modelos que no lo hacen colapsan. Siempre.

Las piedras no mienten, pero los historiadores a veces sí.

Fuentes:

1. Le Grand Continent — La ecología de la guerra total (2026): https://legrandcontinent.eu/es/2026/03/24/la-ecologia-de-guerra-total/

2. Expansión Política — Colapso en mina de Sinaloa deja a cuatro trabajadores atrapados (2026): https://politica.expansion.mx/estados/2026/03/27/colapso-en-mina-de-sinaloa-deja-a-cuatro-trabajadores-atrapados

3. El Tequio — El impacto socioambiental de la industria petrolera en el sureste mexicano: https://www.eltequiodiario.online/principal/el-impacto-socioambiental-de-la-industria-petrolera-en-el-sureste-mexicano/

4. Elinor Ostrom — Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action (Cambridge University Press, 1990)