¿Cuándo la protección de la sociedad se convierte en su control? Keir Starmer ha colocado sobre la mesa una medida que divide opiniones con precisión quirúrgica. La idea de restringir el acceso a redes sociales —dirigida primero a menores, pero con ramificaciones más amplias— obliga a examinar quién traza la línea y qué sucede cuando esa línea se desplaza.

Los disturbios del verano de 2024 en el Reino Unido expusieron cómo la desinformación viaja a gran velocidad por X, TikTok y Telegram. Starmer señaló a las plataformas como facilitadoras. La preocupación es comprensible. Las soluciones que proponen verificación obligatoria de identidad o bloqueos directos, sin embargo, construyen infraestructuras difíciles de desmantelar después.

Este fenómeno trasciende las fronteras británicas. Australia estableció prohibiciones para menores con controles de edad. Francia y España avanzan en regulaciones similares. Brasil suspendió una plataforma completa durante semanas. La India ejerce facultades amplias de bloqueo que han alcanzado a periodistas. En Rusia y China el modelo ya opera a escala nacional: identificación y filtrado totales.

Estos casos no son incidentes aislados. Representan una convergencia hacia estructuras donde el acceso digital depende de identidad verificada y conducta aprobada. La tendencia sigue la misma lógica que cualquier organización de poder centralizada ante el desorden: primero se justifica la excepción, luego se consolida como norma.

La privacidad en las redes sociales es, en la práctica, una ilusión que la mayoría ha aceptado. Las corporaciones ya registran ubicaciones, conversaciones, ansiedades y horarios. Lo que cambia con la propuesta de Starmer es la incorporación explícita del Estado a un espacio que las empresas ya dominan. Ahí está la cuestión central: hasta dónde llega la protección legítima y dónde comienza la invasión sistemática a la privacidad.

El intercambio entre seguridad y privacidad no es nuevo. Lo interesante es cómo lo resolvemos ahora. La autoridad legítima para decidir qué datos se comparten, bajo qué criterios y con qué rendición de cuentas sigue sin resolverse. Starmer sugiere que el Estado guarde la llave. La historia de los Estados que han tenido esa llave no tranquiliza.

La Stasi fichó a una parte importante de la población de Alemania Oriental con medios analógicos. COINTELPRO, en Estados Unidos, usó la tecnología disponible para desarticular movimientos ciudadanos legítimos. La tecnología evoluciona. La tentación de emplearla contra el disenso permanece.

Todavía existen espacios donde la privacidad se defiende con rigor técnico. Mastodon opera sin servidor central que pueda recibir órdenes únicas. Signal cifra de extremo a extremo. GrapheneOS devuelve control real sobre el dispositivo. No son experimentos marginales: son respuestas concretas al hecho de que centralizar la infraestructura equivale a controlar la comunicación misma.

Hay un detalle que complica cualquier respuesta limpia. No tengo claro si es posible proteger genuinamente a los menores del daño digital sin edificar la misma infraestructura que luego estará disponible para gobiernos futuros con prioridades distintas. Las instituciones no se construyen solo para los líderes actuales. Se construyen para resistir el paso del tiempo y los cambios de intención.

La conversación pública se ha enmarcado de modo que cualquier objeción parece indiferente al sufrimiento infantil. Ese encuadre facilita la aprobación de medidas que después se expanden. Lo que merece atención no son las intenciones declaradas de Starmer. Lo que importa es el diseño del sistema y los usos que admitirá dentro de una década.

Los sistemas de vigilancia no se construyen únicamente para los buenos. Se construyen para durar.

¿Dónde trazamos exactamente la línea entre salvaguardar a los más jóvenes y entregar al Estado una llave maestra sobre la comunicación digital?