La transición energética suena, en boca de quienes la promueven, como una historia de redención. Dejamos atrás los combustibles fósiles, abrazamos el sol y el viento, y el planeta respira. Es un relato poderoso. Y como todo relato poderoso, merece examinarse con cuidado, porque entre la promesa y la realidad hay una distancia que conviene medir.

Los datos son claros en un punto: el carbón, el petróleo y el gas natural siguen dominando la matriz energética global. A pesar de décadas de compromisos, cumbres climáticas y políticas de descarbonización, los combustibles fósiles representan todavía alrededor del 80% del consumo energético mundial. Las energías renovables crecen, sí, pero lo hacen sobre una base que también sigue expandiéndose. No estamos reemplazando el sistema viejo; estamos construyendo uno nuevo encima del anterior. Eso tiene consecuencias que no siempre se mencionan en los discursos oficiales.

Esto no es un argumento contra la transición. Es un argumento para entenderla mejor.

La Unión Europea representa quizás el experimento más ambicioso en política energética a escala continental. Sus metas son concretas: reducción de emisiones, independencia energética, descarbonización de la industria. El FMI ha analizado las implicaciones macroeconómicas de esta agenda y el panorama es complejo. La transición europea puede generar presiones inflacionarias significativas en el corto y mediano plazo, afectar la competitividad industrial frente a economías menos reguladas, y redistribuir el peso económico entre sectores y países de formas que los modelos actuales apenas empiezan a capturar. No es que la dirección esté equivocada. Es que el camino tiene costos reales que alguien tiene que pagar, y la pregunta de quién los paga rara vez recibe respuesta honesta.

El punto donde el relato se complica más es en los minerales críticos. Para construir paneles solares, turbinas eólicas, baterías de litio y vehículos eléctricos se necesitan materiales que no caen del cielo: litio, cobalto, níquel, tierras raras, cobre. Y aquí es donde la historia se vuelve incómoda, porque la geografía de estos recursos reproduce, con asombrosa fidelidad, los patrones de la economía extractiva colonial que supuestamente estamos dejando atrás.

El Congo produce más del 70% del cobalto mundial. Chile, Argentina y Bolivia concentran la mayor parte de las reservas de litio conocidas. Indonesia domina el níquel. China controla una porción desproporcionada del procesamiento de tierras raras. Lo que está ocurriendo en torno a estos recursos no es solo comercio; es geopolítica activa. La competencia entre potencias, el nacionalismo de recursos que resurge en varios de estos países, y las cadenas de suministro que se reorganizan en tiempo real están creando tensiones que el discurso de la "transición verde" prefiere no nombrar directamente.

Un análisis reciente del East Asia Forum lo describe con precisión incómoda: las nuevas narrativas de transición energética están reproduciendo los viejos costos extractivos. Los países ricos en estos minerales enfrentan presión para abrir sus recursos rápidamente, con marcos regulatorios que frecuentemente benefician a las empresas extranjeras más que a las comunidades locales. Los daños ambientales de la minería de litio en los salares andinos, la contaminación asociada al cobalto en el cinturón cuprífero africano, o el impacto sobre ecosistemas acuáticos en regiones mineras de Asia no aparecen en el balance de carbono que celebramos cuando compramos un auto eléctrico.

El mismo patrón se repite en la historia con una regularidad que debería hacernos pensar. Cuando Europa necesitó algodón para su revolución industrial, el precio lo pagaron las plantaciones del sur de Estados Unidos y las colonias africanas. Cuando necesitó caucho, lo pagó el Congo de Leopoldo II. Cuando necesitó petróleo barato, lo pagaron Medio Oriente y América Latina con décadas de inestabilidad política. Ahora necesita minerales para su transición verde, y la distribución de quién extrae, quién procesa, quién se beneficia y quién absorbe los daños no ha cambiado tanto como nos gustaría creer.

Los cambios tecnológicos de gran escala no son neutrales. Siempre reorganizan el poder. La pregunta pertinente no es si habrá una transición energética, sino quién diseña sus términos y a favor de quién.

Esto es más complicado de lo que parece porque la transición también ofrece oportunidades reales para países que históricamente han estado en el lado receptor de la extracción. Bolivia, por ejemplo, ha intentado en diferentes momentos controlar su propia cadena de valor del litio en lugar de exportar el mineral en bruto. México tiene depósitos significativos y debates activos sobre su gobernanza. Si estos países logran capturar más valor en la cadena, la historia podría escribirse diferente esta vez. Pero eso requiere voluntad política, capacidad institucional y, sobre todo, resistencia a la presión de actores que prefieren el modelo extractivo tradicional porque les resulta más conveniente.

Hay investigadores que llevan décadas señalando que la sostenibilidad real no puede construirse sobre injusticias desplazadas geográficamente. Decir que un país tiene cero emisiones netas mientras sus importaciones de minerales y manufacturas incorporan enormes daños ambientales y sociales en otro lugar es una forma de contabilidad creativa, no de solución. La huella de carbono es importante, pero no es el único indicador que importa.

Todavía no tengo claro cómo resolver la tensión entre la urgencia climática genuina y la necesidad de no reproducir patrones coloniales en la transición. Sospecho que nadie la tiene completamente resuelta. Pero reconocer la tensión es el primer paso para no ignorarla. Los modelos de gobernanza comunitaria de recursos, las iniciativas de procesamiento local en países productores, los acuerdos de transferencia tecnológica real y no cosmética, y los marcos de trazabilidad que hagan visibles los costos socioambientales en toda la cadena son direcciones que merecen exploración seria, no como idealismos sino como experimentos concretos con evidencia creciente de viabilidad.

La transición energética es necesaria. El planeta no tiene tiempo para debates infinitos sobre si el cambio climático es real o si los combustibles fósiles tienen futuro. Pero necesaria no significa automáticamente justa, ni bien diseñada, ni libre de contradicciones. La urgencia no puede ser excusa para no hacer las preguntas incómodas. ¿Quién financia la transición? ¿Quién absorbe sus costos? ¿Quién decide qué tecnologías se priorizan? ¿Quién controla los recursos que la hacen posible? Estas preguntas no frenan la transición; la hacen más sólida, porque las estructuras que ignoran sus propias contradicciones acumulan fragilidad hasta que colapsan.

La diferencia entre una transición energética que transforma el sistema y una que simplemente cambia el combustible manteniendo las mismas jerarquías de poder está en si somos capaces de hacernos esas preguntas y actuar en consecuencia. Eso no es pesimismo. Es la condición para que la esperanza tenga fundamento real.

Las piedras no mienten, pero los historiadores a veces sí.

Fuentes:

1. Energy transition - Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Energy_transition

2. The EU's Energy Transition - IMF Working Paper (2026): https://www.imf.org/en/publications/wp/issues/2026/03/09/the-eus-energy-transition-574537

3. New energy transition narratives, old extractive costs - East Asia Forum (2026): https://eastasiaforum.org/2026/03/10/new-energy-transition-narratives-old-extractive-costs/