Vigilar es fácil. Rendir cuentas es lo difícil.

Esta asimetría define gran parte de cómo funcionan las instituciones, los sistemas de salud pública, las administraciones locales y hasta las comunidades residenciales. Tenemos mecanismos sofisticados para observar, registrar y detectar. Pero los procesos para que quien vigila también sea vigilado suelen ser débiles, opacos o directamente inexistentes. Y eso no es un accidente de diseño. Es, con frecuencia, una decisión.

Hay tres noticias que, vistas por separado, parecen no tener nada en común. El Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica de México publica su boletín semanal, actualizando los datos del SUAVE para la semana epidemiológica 2026. En Puerto Vallarta, un operativo marítimo intercepta dos embarcaciones que operaban sin permisos en zonas restringidas. Y en el contexto de la administración de conjuntos residenciales, se plantea una pregunta incómoda: ¿por qué pedir más cuota a los vecinos si primero no se ha revisado la cartera vencida? Tres contextos distintos. Una regularidad idéntica.

La regularidad es esta: la vigilancia sin rendición de cuentas no protege a la comunidad. La protege del escrutinio.

Este tipo de estructuras tiene una lógica reconocible cuando se las presiona, cuando fallan, y sobre todo cuando alguien pregunta quién supervisa al supervisor. El boletín epidemiológico del Sistema de Salud mexicano es, en principio, un instrumento de transparencia. Datos duros, actualizados, accesibles. Pero la pregunta que rara vez se formula es: ¿quién verifica que los datos sean completos? ¿Qué pasa cuando un estado subreporta casos? ¿Qué proceso existe para que la ciudadanía detecte inconsistencias entre lo que vive en su colonia y lo que aparece en la hoja de cálculo federal? La publicación existe. La rendición de cuentas sobre la calidad de esa publicación, mucho menos.

Esto no es un problema nuevo. Las estructuras de vigilancia tienen una historia larga y complicada. Los estados modernos llevan siglos desarrollando instrumentos para observar a sus poblaciones: censos, registros parroquiales, estadísticas vitales. La diferencia entre una estructura que sirve a la comunidad y una que sirve al poder reside en una sola variable: si el flujo de información también puede ir hacia arriba y hacia los lados, no solo hacia abajo. Los imperios coloniales tenían registros exhaustivos de sus territorios, no para mejorar la vida de sus habitantes, sino para extraer con mayor eficiencia. La arquitectura de la información lo dice todo. En excavaciones arqueológicas de sitios coloniales en México, los registros hallados revelan esa dinámica: listas detalladas de tributos, pero sin rastro de consultas a las comunidades afectadas.

El caso de Puerto Vallarta ilustra algo concreto. Un operativo marítimo detecta embarcaciones sin permisos. Bien. La pregunta que sigue debería ser automática: ¿qué pasó antes? ¿Cuánto tiempo llevaban operando? ¿Por qué la vigilancia ordinaria no las detectó? ¿Quién debería haber actuado antes y no lo hizo? La noticia celebra la intercepción. Pero la rendición de cuentas sobre el fallo previo casi nunca tiene seguimiento. Se cierra el ciclo con el operativo exitoso y la historia termina ahí. Esto es vigilancia de espectáculo: visible, fotogénica, pero sin memoria institucional. En contextos marítimos históricos, como las flotas españolas en el Pacífico, operativos similares cumplían la misma función: ocultar fallos estructurales en la vigilancia rutinaria priorizando el drama de la captura sobre la prevención.

El ejemplo de la administración de conjuntos residenciales parece menor al lado de operativos marítimos y sistemas epidemiológicos, pero toca el mismo nervio. Antes de aumentar la cuota mensual a los vecinos que sí pagan, lo primero que debería hacer cualquier administración responsable es revisar quién no ha pagado y por qué. La cartera vencida es información disponible. Ignorarla para ir directamente a pedir más dinero a los cumplidores no es un error contable. Es una decisión política disfrazada de gestión. Y funciona porque los vecinos que sí pagan rara vez tienen acceso claro a los estados financieros completos. La opacidad no es un descuido. Es el método.

Los tres casos comparten la misma arquitectura. Existe una estructura que recolecta información, alguien que controla qué parte de esa información se hace pública, y una comunidad que debería beneficiarse de la vigilancia pero que en la práctica tiene acceso limitado para verificar si la estructura funciona bien. La transparencia se convierte en un gesto, no en una base.

Hay investigadores que llevan décadas argumentando que la rendición de cuentas genuina requiere lo que algunos llaman "vigilancia inversa": la capacidad de los ciudadanos de monitorear a las instituciones con las mismas herramientas con las que las instituciones los monitorean a ellos. No es una idea radical. Es lógica de estructuras. Cualquier control sin retroalimentación bidireccional tiende a la deriva. Lo vemos en ingeniería, en ecología, en economía. Y lo vemos, con consecuencias reales, en gobernanza. En México, la desconfianza histórica hacia las instituciones no es solo un obstáculo: también ha generado formas comunitarias de auditoría que operan al margen de los canales oficiales.

Lo que hemos construido hasta ahora, en la mayoría de los contextos, son estructuras de vigilancia con retroalimentación unidireccional. El estado observa al ciudadano. La administración observa al vecino. La autoridad marítima observa las aguas. Pero el ciudadano tiene herramientas muy limitadas para observar al estado con la misma resolución. El vecino no siempre puede ver los estados de cuenta completos. Y nadie pregunta sistemáticamente por qué la embarcación irregular pudo operar durante el tiempo que operó antes de ser detectada.

Parte del problema es técnico: los modelos de información pública en México, como en muchos países, no fueron diseñados pensando en la auditoría ciudadana. Fueron diseñados para el reporte vertical, de abajo hacia arriba dentro de la jerarquía institucional. Abrirlos a la verificación horizontal requiere cambios de arquitectura, no solo de voluntad política. Hay alternativas concretas: plataformas de datos abiertos que permiten a grupos locales analizar información sin depender de intermediarios.

Los modelos que funcionan ya existen. Los sistemas de datos abiertos, cuando están bien implementados, permiten que periodistas, académicos y ciudadanos organizados detecten inconsistencias que ninguna auditoría interna detectaría. Los movimientos de transparencia presupuestaria han logrado, en varios contextos, que la información financiera pública sea lo suficientemente accesible como para que grupos comunitarios la analicen. La tecnología no resuelve el problema político, pero puede cambiar el costo de la opacidad. Cuando esconder información se vuelve más costoso que publicarla, los incentivos cambian.

El boletín epidemiológico existe porque alguien decidió que los datos de salud pública debían ser accesibles. Eso no fue automático. Fue el resultado de presión acumulada, de escándalos que mostraron las consecuencias de la opacidad, de actores que insistieron en que la información era un bien público. El operativo en Puerto Vallarta puede convertirse en una historia de rendición de cuentas si alguien documenta qué falló antes y exige respuesta. La administración del conjunto puede transformarse si los vecinos exigen ver la cartera vencida antes de aprobar cualquier aumento.

Lo que tienen en común estas tres posibilidades no es tecnología ni regulación. Es la disposición de alguien a hacer la pregunta incómoda: ¿quién vigila al que vigila? Y la insistencia en no aceptar como respuesta el silencio o la pantalla de humo de un operativo fotogénico.

Los modelos que duran, los que genuinamente sirven a las comunidades que dicen proteger, tienen algo que los diferencia de los que solo aparentan hacerlo: procesos reales para que la información fluya en todas las direcciones. No perfectos. No infalibles. Pero funcionales, verificables y abiertos al error y a la corrección.

Las sociedades que han construido rendición de cuentas real no lo hicieron de golpe. Lo hicieron preguntando, documentando, insistiendo. Con todos sus conflictos y contradicciones. La pregunta es cuánto tiempo más tarda en volverse costoso no hacerlo.

Las piedras no mienten, pero los historiadores a veces sí.

Fuentes:

1. Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, Boletín SUAVE 2026 — gob.mx/salud

2. CienCuadras: Señales de una administración de conjunto bien gestionada — ciencuadras.com

3. NoticiasPV: Operativo marítimo en Puerto Vallarta — noticiaspv.com.mx