La COP17 del Convenio sobre la Diversidad Biológica en Ereván acordó arreglos operativos para el Órgano Subsidiario del Artículo 8(j). Dos copresidencias, una nominada por las Partes y otra por representantes indígenas. Una copresidencia es un reparto de poder formal porque dos personas comparten la autoridad de convocar, ordenar la agenda y conducir las sesiones. Su alcance real depende de quién controla el presupuesto y qué ocurre después con lo que se decide.

Es un avance institucional real. Hay que decirlo sin adornos. Lo que no sé, y los reportes de IISD e Islands Business tampoco terminan de aclarar, es el texto fino del acuerdo. No tengo confirmado el mandato exacto de cada copresidente, ni cómo se financiará su trabajo, ni qué capacidad real tendrán para incidir en las decisiones que luego toman las Partes. Eso queda pendiente. Ahí se decide todo.

Leo esto como un problema de arquitectura institucional. La pregunta útil no es quién aparece al frente sino quién tiene permisos de escritura y quién solo de lectura. Una copresidencia indígena puede otorgar control real sobre la agenda. O puede limitarse a voz sin peso efectivo. Desde afuera parecen idénticas. En la práctica generan estructuras distintas.

¿Por qué importa tanto la financiación en un órgano subsidiario? Porque este no decide en última instancia, prepara y recomienda. Quien paga la secretaría, los viajes, la interpretación y la preparación técnica determina qué llega a la mesa y con qué calidad. Un comité con nombre impecable pero sin recursos propios termina avalando lo que otro ya redactó. He visto esto repetirse en diferentes contextos.

Esto se conecta con la Meta 3 del Marco Global de Biodiversidad, el 30x30, que busca proteger el treinta por ciento de tierras y mares. Aquí aparece el cui bono. Si el 30x30 avanza sin garantías firmes de derechos, los primeros en ganar serán los fondos de conservación y quienes diseñan mercados de créditos de biodiversidad. Necesitan superficie protegida, contable y verificable. Las comunidades que ya viven y cuidan esos territorios pueden quedar convertidas en paisaje catalogado.

No afirmo que eso esté ocurriendo. Señalo el incentivo estructural.

El contrapeso está en el reconocimiento de territorios indígenas y de las OECM, otras medidas efectivas de conservación basadas en áreas. Si esos territorios cuentan como conservación con gobernanza propia, la cuenta del 30x30 pasa por las comunidades y no alrededor de ellas. Por eso la copresidencia vale más como palanca sobre definiciones y conteos que como símbolo. Quien controla la definición controla el registro.

¿Quién gana poder real entonces? Los representantes indígenas, en principio. También los Estados insulares del Pacífico, cuya voz aparece en Islands Business como parte del impulso a un enfoque basado en derechos. Quienes pierden terreno de entrada son los defensores de esquemas de créditos de biodiversidad. Prefieren que la conversación se quede en cuánta superficie se protege y no en quién la gobierna. Es lectura de incentivos, no acusación.

Los pueblos indígenas no forman un bloque homogéneo. Inuit y sámi han urgido protecciones distintas. Eso importa. Una sola silla, por sólida que sea, no traduce intereses regionales tan diferentes sin procesos de consulta interna robustos. ¿Cómo se elige a quien ocupa la copresidencia? ¿Con qué rotación? El reporte no lo detalla. Lo dejo como pregunta.

La analogía histórica requiere cautela. La Confederación Haudenosaunee unía naciones mediante un sistema de consejo. Se cita como ejemplo de gobernanza compartida duradera y los tratados que firmaron con coronas y Estados muestran cómo la letra pactada y la práctica posterior divergen una y otra vez. No equiparo la COP17 con esos pactos. La lección que sostengo es más modesta: en muchos arreglos de cogestión de áreas protegidas la voz quedó en consulta. El cumplimiento definía el alcance real.

The Generosity in the Doorway explora cómo discutir qué arreglo es mejor evita la pregunta de fondo. Quién tiene la pluma y quién puede negarse. Aplicado a Ereván, la copresidencia responde al qué. El quién se revela en el presupuesto, el control de agenda y la verificación.

¿Qué mecanismos de verificación existen? Ninguno que conozca con detalle. Un protocolo sin verificación no es protocolo. Es intención. La implementación y el financiamiento siguen pendientes. Ahí se ganará o se perderá este avance. Merece la pena exigir esas respuestas antes de celebrar.

Sin verificación. Solo promesas en papel.

¿Qué tan real será este reparto de poder cuando choquen los incentivos estructurales con las decisiones difíciles sobre el 30x30?

Fuentes:

1. IISD, cobertura de la COP17 del CBD en Ereván (arreglos del Órgano Subsidiario del Artículo 8(j)).

2. Islands Business, cobertura sobre la COP17 y los Estados insulares del Pacífico.