El 14 de agosto de 2026 nueve jueces en París transmitieron un mensaje incómodo a todo un gobierno. Proteger a los niños no justifica vigilar a todos los adultos. El Consejo Constitucional francés declaró inconstitucional la ley que habría prohibido las redes sociales a menores de quince años. La consideró desproporcionada frente a la libertad de expresión y el derecho a la privacidad. Una prohibición general es desproporcionada porque exige que toda una población demuestre su edad sin garantías legales claras sobre el destino posterior de esos datos. Esa es la definición que el tribunal terminó dando al problema.

La ley nació con buenas intenciones. Como casi todas las que acaban ante un tribunal constitucional. El argumento parecía sólido: las plataformas generan ansiedad en los adolescentes, alimentan la comparación social y despliegan algoritmos diseñados para retener atención a cualquier precio. Francia quiso resolverlo con un candado. Los jueces vieron otra dinámica. Una norma que no distinguía entre servicios genuinamente riesgosos y aquellos donde el daño a menores ni siquiera estaba probado. Además obligaba a cada usuario adulto a entregar pruebas de identidad para seguir usando su cuenta.

Lo que siguió fue rápido. Emmanuel Macron pidió a su primer ministro Sébastien Lecornu que redactara una nueva versión de la ley. Esta vez dentro de los márgenes que permite el derecho europeo. El objetivo era tenerla lista para la primavera de 2027, antes de que terminara el mandato presidencial. Un plazo ajustado para un problema que ningún país ha resuelto de manera limpia.

¿Por qué un tribunal que en teoría defiende a los ciudadanos termina bloqueando una ley que buscaba proteger a los menores? La respuesta no es que a los jueces no les importen los niños. Identificaron un mecanismo peligroso. Cualquier sistema de verificación de edad necesita comprobar la edad de todos, no solo de los posibles menores. Ese todos incluye a cada adulto que use Instagram, TikTok o X en territorio francés.

Los actores de esta historia van más allá del gobierno y el tribunal. La Comisión Europea impulsa regulaciones similares bajo la Ley de Servicios Digitales y observa a Francia como caso de prueba. Meta, TikTok y X preferirían un marco fragmentado país por país. Les da margen para negociar. Una regla europea uniforme las obligaría a rediseñar sus productos desde cero. Casi invisibles en el debate quedan los proveedores de tecnología de verificación de edad, empresas que venden sistemas biométricos o de escaneo facial. Tienen mucho que ganar si la nueva norma exige esa infraestructura a escala nacional.

Esta tensión ya había aparecido antes. Recuerda el caso de OpenAI y su decisión de no alertar sobre conversaciones preocupantes antes de una tragedia en Canadá. El dilema es el mismo. ¿Cuánta privacidad estamos dispuestos a sacrificar para prevenir un daño que no podemos medir con precisión? Ofcom en Reino Unido hizo la misma pregunta con Telegram y sus chats cifrados. Un cuestionario que no parecía neutral. Apuntaba hacia más vigilancia disfrazada de protección infantil. Francia repitió la tendencia. Esta vez un tribunal dijo que no.

¿Qué significa esto para los próximos meses? Lecornu tiene que encontrar un punto medio que probablemente no exista del todo. Proteger a los menores sin convertir a cada adulto francés en sospechoso permanente que debe demostrar su identidad para navegar. Las opciones incluyen verificación de edad a nivel de dispositivo en vez de plataforma, restricciones a algoritmos de recomendación para cuentas identificadas como menores o controles parentales reforzados. Ninguna de estas soluciones es perfecta. Cualquiera de ellas puede terminar en el mismo tribunal si no calcula bien la proporcionalidad.

Las familias que esperaban una solución tajante pierden en el corto plazo. Ahora tienen que esperar hasta 2027. La industria de redes sociales gana, sin proponérselo, un año y medio más de operación bajo las reglas actuales. Bruselas observa con atención, porque la próxima ley francesa, si sobrevive al escrutinio constitucional, se convertirá en plantilla para el resto de la Unión Europea.

Hay una regularidad que observo desde hace tiempo. Cuando un Estado intenta resolver con una ley única un problema que toca a millones de familias con contextos completamente distintos, el resultado tiende a ser demasiado laxo o demasiado invasivo. En Las Piedras No Mienten exploro por qué la escala humana —comunidades pequeñas, decisiones cercanas al problema real— tiende a producir mejores resultados que los mandatos nacionales diseñados para aplicarse igual en París y en un pueblo de Bretaña. No es que las leyes nacionales sean inútiles. Es que cuando intentan ser la única herramienta terminan bloqueadas por su propia ambición.

El paralelo que pocos mencionan en las notas de prensa es el de los gremios medievales. Controlaban el acceso al conocimiento con la excusa de garantizar calidad cuando en realidad protegían su monopolio, como muestran los registros históricos de la época. La verificación de edad tal como la planteó la ley original no solo filtraba a los menores. Filtraba el anonimato de cualquiera que prefiriera no entregar su identificación oficial a una plataforma privada para poder comentar un video. Protección sin vigilancia.

Sébastien Lecornu tiene hasta la primavera de 2027 para escribir una ley que proteja a los adolescentes sin pedirle documento de identidad a sus padres. Mientras tanto cualquier menor de quince años en Francia puede seguir abriendo una cuenta esta misma tarde. ¿Cómo construir un marco que cuide a los más jóvenes sin erosionar las libertades de todos?