Treinta delegaciones se reunieron bajo el techo institucional de la OIT en Ginebra. Representaban gobiernos que comparten, al menos formalmente, un compromiso con la economía social y solidaria. Brasil y Colombia llevaron la iniciativa. Hubo entusiasmo real, declaraciones cuidadosas y comunicados que circularon en tres idiomas. El Grupo de Amigos sobre ESS quedó constituido de forma oficial. La versión institucional lo describe como un avance histórico hacia un modelo económico más equitativo.

La lógica que rodea este lanzamiento tiene coherencia interna. En un momento de presión sobre el multilateralismo, la coordinación voluntaria de treinta gobiernos alrededor de la economía cooperativa envía una señal política tangible. El Año Internacional de las Cooperativas 2025 ofrece impulso, la OIT la plataforma y las economías emergentes el liderazgo visible. Para quienes han trabajado años en los márgenes del orden económico internacional, que este lenguaje alcance Ginebra no es trivial.

El capital diplomático que esto representa para Brasil y Colombia es concreto. Los posiciona como constructores de agendas en lugar de receptores de políticas elaboradas en otros centros. La OIT refuerza un espacio propio en debates sobre desarrollo alternativo. Las organizaciones cooperativas internacionales obtienen legitimidad que puede abrir puertas a financiamiento multilateral. Estos beneficios son reales.

La pregunta que la cobertura oficial evade es más simple y más incómoda: ¿quién no estuvo en esa sala?

Estados Unidos no estuvo. China no estuvo. India no estuvo. Alemania y Japón tampoco. Estas cinco economías representan más de la mitad del PIB mundial y, sobre todo, dominan las instituciones que fijan las reglas financieras globales. Su ausencia no es un detalle protocolario. Define la limitación estructural del esfuerzo entero.

Esta tendencia aparece en otros contextos. Cuando quienes controlan las variables críticas permanecen fuera del acuerdo, el ejercicio opera solo sobre factores secundarios. Un grupo de treinta gobiernos sin ninguna economía del G7 puede producir intercambio de prácticas, documentos y visibilidad. No puede reformar las condiciones de acceso al capital internacional, ni los criterios del FMI, ni los estándares contables que colocan sistemáticamente en desventaja a las cooperativas frente a las corporaciones.

Hay otro ausente que recibe menos atención: los propios cooperativistas y trabajadores de la economía solidaria como sujetos con voz vinculante, no solo como beneficiarios de lo que otros deciden sobre ellos. La distinción importa. Un foro intergubernamental que discute la ESS sin su participación directa reproduce, aunque con mejores intenciones, parte de la lógica que pretende corregir.

Los registros históricos no mienten. La OIT nació en 1919 con promesas ambiciosas sobre trabajo decente que tardaron décadas en convertirse en estándares con alguna fuerza real. La Declaración de Filadelfia de 1944 reafirmó principios de justicia social que todavía conviven con cadenas de suministro basadas en trabajo forzado y represión sindical. El Año Internacional de las Cooperativas de 2012 generó atención política genuina y casi ningún cambio regulatorio en los mercados financieros relevantes. Lo que corresponde preguntar ahora no es si las intenciones son buenas, sino si el diseño difiere del de sus antecesores.

La respuesta, desde la arquitectura, es que no. Se trata de una coalición voluntaria sin mandato vinculante ni, hasta donde se ha hecho público, mecanismos formales de seguimiento o rendición de cuentas. Desde la ingeniería de sistemas esto tiene nombre preciso: un protocolo sin función de error. Los modelos sin capacidad de detectar fallos simplemente no aprenden. Declaran, reúnen, publican. Las mismas desigualdades operan en el siguiente ciclo presupuestario.

Esto no significa que el ejercicio carezca de valor. El liderazgo construido entre economías emergentes tiene aplicaciones concretas fuera de Ginebra: puede servir para negociar en otros foros, justificar políticas domésticas o tejer alianzas en la Asamblea General. La visibilidad ganada por las organizaciones cooperativas puede traducirse en recursos. Nada de eso es desdeñable.

El límite merece nombrarse con exactitud, sin cinismo barato ni ingenuidad cara. La legitimidad simbólica no equivale a gobernanza efectiva. Un espacio donde se comparten experiencias mientras las estructuras financieras que deciden qué economías son viables siguen diseñadas por los ausentes no es, desde el punto de vista de su arquitectura, un mecanismo de transformación estructural. Es un espacio de resistencia cultural con respaldo institucional. Ya es algo, aunque no exactamente lo que sugieren los comunicados.

La proliferación de grupos de trabajo, años temáticos y plataformas voluntarias en el sistema ONU nunca ha correlacionado de manera clara con menor concentración de riqueza. Existen más mecanismos dedicados a la equidad que en cualquier otra época, y la desigualdad global marca también sus niveles más altos registrados. Esto no demuestra causalidad, pero obliga a examinar qué función cumplen realmente estos espacios.

Un dato que sigue sorprendiendo: la cooperativa más grande del mundo por número de miembros, AMUL en India, se construyó sin respaldo multilateral alguno y enfrentando la oposición activa de las instituciones financieras de su tiempo. La impulsaron un ingeniero que comprendía estructuras y un político que entendía poder local. Ginebra no intervino.

¿Qué capacidad real tienen estos protocolos voluntarios para modificar las reglas que siguen escribiendo quienes decidieron no sentarse en la sala?