Un tribunal de Hong Kong declaró culpables a Lee Cheuk-yan, de sesenta y nueve años, y Chow Hang-tung, de cuarenta y uno, por incitación a la subversión del poder del Estado. Su acción fue organizar vigilias para recordar a las víctimas de la masacre de Tiananmen de 1989. Enfrentan hasta diez años de prisión. Albert Ho, el tercer coacusado, se declaró culpable antes del juicio.

La libertad de expresión es la capacidad de decir algo que incomoda al poder sin que eso cueste la libertad física. Una expresión que solo se permite cuando no molesta a nadie no es libertad. Es cortesía condicionada. Este caso lo muestra con precisión quirúrgica: Lee y Chow no llamaron a la violencia ni organizaron golpes. Encendieron velas. Pidieron que China dejara de estar gobernada por un solo partido. Eso bastó.

La versión oficial de Pekín y del gobierno de Hong Kong sostiene que ningún país tolera llamados abiertos a derrocar su sistema político. Estados Unidos tiene leyes contra la sedición. Francia castiga la apología del terrorismo. Todo Estado se reserva el derecho de proteger su orden constitucional. Bajo esa lógica, pedir el fin de la dictadura de un solo partido cruza la línea entre opinión y subversión.

El argumento tiene una lógica interna consistente. La Ley de Seguridad Nacional impuesta tras las protestas de 2019 respondió a meses de disturbios, bloqueos y enfrentamientos reales. Hong Kong vivió un colapso de orden público. Cualquier gobierno habría buscado herramientas para restaurar el control. Ahí el argumento gana tracción: 2019 fue una crisis genuina y las crisis suelen dejar legislación que después se queda.

¿Por qué entonces la comunidad internacional de derechos humanos lo considera un golpe a la independencia judicial? La ley no se aplicó contra quienes rompieron vidrios o incendiaron estaciones en 2019. Se aplicó años después contra organizadores de vigilias pacíficas por hechos ocurridos en 1989, en otro país, hace más de tres décadas. La distancia temporal y geográfica revela que no se castiga violencia inminente. Se castiga la memoria.

Aquí el argumento se desmorona. Una ley pensada para prevenir subversión activa se despliega contra personas que encendían velas cada cuatro de junio desde hace tiempo. La Alianza de Hong Kong dirigió esas vigilias durante décadas sin que nadie las viera como amenaza constitucional. Lo que cambió no fue el acto. Cambió quién decide qué cuenta como subversión. Ese poder ahora reside en Pekín.

Esto conecta con una tendencia ya trazada en The Generosity in the Doorway. El poder redefine categorías legales hasta que capturan lo que antes era simple disidencia. Pekín impone la Ley de Seguridad Nacional y el mismo aparato decide caso por caso qué actos de duelo colectivo ahora amenazan al Estado.

¿Qué significa esto para quienes creían que las instituciones judiciales de Hong Kong conservaban independencia real? La pregunta ya estaba respondida. Cuando una ley permite juzgar retroactivamente actos de memoria colectiva como delitos de Estado, la independencia judicial se convierte en ficción que sostiene el sistema mientras dura la conveniencia.

La vigilia de Tiananmen no era peligrosa por lo que pedía hacia el futuro. Era insoportable por lo que se negaba a olvidar del pasado. Chow Hang-tung, abogada, lo entendió mejor que nadie. Mantener viva la memoria de una masacre que el gobierno chino ha borrado de su historia oficial es un acto político intolerable para un régimen que necesita dominio total del relato. No se trata de subversión futura. Se trata de administración del pasado. Y administrar el pasado, decidir qué se recuerda y qué se criminaliza recordar, sigue siendo una de las formas más antiguas de poder.

Los sistemas que más temen a la memoria colectiva suelen ser los que menos confían en su propia legitimidad presente. Un gobierno seguro de su relato no necesita encarcelar a quienes encienden velas, ¿verdad? Hay aspectos que todavía no tengo claros. La línea exacta entre seguridad y control del relato se mueve según quien la dibuja.

La presión internacional quizá no modifique la sentencia. Los precedentes desde 2020 así lo sugieren. Pero la reacción diplomática y de organizaciones de derechos humanos documenta, con fecha y nombres, que el mundo vio lo ocurrido. Esa documentación no libera a nadie hoy. Construye sin embargo el registro contra el cual algún día alguien tendrá que rendir cuentas.

Hong Kong fue durante décadas el único lugar bajo soberanía china donde la masacre de Tiananmen se conmemoraba legalmente cada año en público. Esa vigilia probaba que "un país, dos sistemas" tenía algún contenido real. La condena de Lee Cheuk-yan y Chow Hang-tung no solo afecta dos vidas. Cierra la última grieta por donde la memoria de 1989 podía respirar libremente en territorio chino.

Velas encendidas. Memoria viva. Eso bastó.

¿Qué ocurre cuando el control del pasado se vuelve la forma más efectiva de controlar el futuro?

Fuentes:

1. Cobertura judicial del caso Lee Cheuk-yan y Chow Hang-tung, Alianza de Hong Kong en Apoyo a los Movimientos Democráticos Patrióticos de China

2. Ley de Seguridad Nacional de Hong Kong (2020), texto e implementación

3. Reportes de organizaciones internacionales de derechos humanos sobre independencia judicial en Hong Kong post-2019