La IA de Washington y el espejo incómodo de Pekín

Un gobierno que ha criticado durante años a sus rivales por mezclar poder estatal con desarrollo tecnológico ahora considera tomar una participación accionaria en la empresa de inteligencia artificial más influyente. No como regulador. No como cliente. Como dueño parcial.

La administración Trump mantuvo conversaciones con OpenAI sobre la posibilidad de que el gobierno estadounidense adquiera una participación en la startup. Los detalles siguen siendo escasos y nada está confirmado. Aun así, la mera posibilidad merece examen, porque lo que se decide aquí va más allá de una operación financiera. Es una pregunta sobre quién dirigirá la infraestructura cognitiva del futuro.

Reconozco esta tendencia en otros contextos. Cuando una tecnología adquiere suficiente peso estratégico, los gobiernos dejan de verla como industria y comienzan a tratarla como territorio. Ocurrió con las telecomunicaciones, con el petróleo y con las rutas marítimas. La IA reúne todo eso al mismo tiempo.

Lo que distingue este caso es el relato que lo rodea. Estados Unidos ha construido un argumento geopolítico consistente: las empresas tecnológicas chinas son peligrosas porque el Estado chino puede acceder a sus datos, influir en sus decisiones y convertirlas en instrumentos de política exterior. Huawei, TikTok, ByteDance. El argumento tiene sustancia. El problema aparece cuando ese mismo razonamiento, invertido, describe con precisión lo que implicaría una participación estatal en OpenAI.

No sostengo que sean equivalentes en todos los sentidos. Los marcos legales, las tradiciones institucionales y los niveles de transparencia difieren. Pero la arquitectura del poder se asemeja: un Estado con intereses nacionales concretos y capacidad para moldear las decisiones de una compañía cuya tecnología define cómo millones acceden al conocimiento, generan contenido y resuelven problemas. Si eso es riesgoso cuando lo hace Beijing, hace falta explicar por qué deja de serlo cuando lo hace Washington.

Esto enlaza con algo que he explorado antes en este espacio. Cuando se propuso que el público obtuviera participación en empresas de IA, el argumento central era que el conocimiento colectivo no debe generar monopolios privados sin rendición de cuentas. Esa postura tiene lógica interna: si los modelos se entrenaron con aportes humanos masivos, existe una deuda social. La propuesta de la administración Trump coincide en la mecánica pero diverge radicalmente en el espíritu. No busca democratizar el acceso ni redistribuir beneficios. Busca asegurar ventaja estratégica nacional. Son dos formas muy distintas de reclamar propiedad.

La gobernanza de la información es el núcleo del asunto. OpenAI no vende únicamente software. Funciona hoy como uno de los principales filtros a través de los cuales una parte significativa del mundo procesa información, redacta documentos, genera código y diseña estrategias. Si el gobierno de EE.UU. obtiene acciones, ¿qué ocurre con las decisiones sobre moderación de contenidos? ¿Qué ocurre con los modelos desplegados en otros países? ¿Qué ocurre cuando los objetivos de política exterior entran en tensión con los intereses de usuarios globales?

He visto en distintos contextos cómo la captura institucional opera de forma sutil. No se necesitan órdenes directas. Basta con estar presente en la sala donde se toman las decisiones. Basta con que los ejecutivos sepan que uno de sus accionistas es el mismo gobierno que los regula, les otorga contratos y puede complicarles o facilitarles la existencia. Eso altera incentivos sin requerir un memo oficial. El texto sobre el AI Act europeo abordaba exactamente este punto: la captura regulatoria no requiere corrupción explícita, sino alineación de intereses.

Los imperios antiguos mantenían influencia sobre las rutas de especias y seda mediante presencias sutiles, no ejércitos permanentes. El poder se ejerce muchas veces de formas que apenas se notan hasta que se vuelven estructura. El riesgo más concreto aquí no es que OpenAI comience a censurar mañana por orden directa de la Casa Blanca. El riesgo es gradual: que los modelos desarrollados bajo esta configuración tiendan, por razones nunca documentadas explícitamente, a reflejar ciertas visiones del mundo, ciertos marcos para interpretar conflictos geopolíticos y ciertos supuestos sobre qué cuenta como neutral. La IA no es una herramienta pasiva. Amplifica y codifica los valores de quienes la construyen. Un accionista con agenda nacional dejará huella.

Para EE.UU. la lógica de corto plazo es comprensible. Si China invierte masivamente en IA con respaldo estatal y el liderazgo tecnológico define las próximas décadas, permitir que las empresas clave operen sin ningún vínculo estatal parece un lujo innecesario. Esa es la dinámica de carrera armamentista aplicada a la inteligencia artificial. Y como toda carrera de ese tipo, cobra impulso propio que resulta difícil detener una vez iniciada.

Lo que genera mayor inquietud es el efecto sobre el resto del mundo. Si EE.UU. adquiere participación en OpenAI, otros gobiernos sentirán la necesidad de establecer sus propias palancas sobre sus empresas de IA o sobre las que operan en su territorio. La fragmentación que ya se observa en internet se acelerará en la capa de los modelos de lenguaje. En ese escenario, los usuarios de economías emergentes —quienes no son ciudadanos estadounidenses ni chinos ni europeos— quedarán atrapados en una disputa de influencias sobre las herramientas que usan para pensar.

Esto importa porque la IA trasciende la categoría de tecnología. Se convierte en epistemología distribuida: la forma en que una porción creciente de la humanidad construye conocimiento, valida información y toma decisiones. Concentrar el dominio de esa infraestructura en manos de cualquier Estado, independientemente de sus valores declarados, es un experimento de poder sin paralelos claros en la historia. Hay investigadores que sostienen desde hace tiempo que la única salida viable pasa por alguna forma de gobernanza internacional, parecida a los intentos hechos con la energía nuclear o el espacio exterior. No tengo claro si eso es posible en el clima geopolítico actual. Los acuerdos multilaterales requieren un mínimo de confianza mutua, y esa confianza escasea.

Lo que sí resulta evidente es que la conversación sobre quién debe ser dueño de la IA no puede reducirse al debate entre capital privado y Estado nacional. Esas son las dos opciones que los actores más poderosos quieren que veamos. Pero otras preguntas merecen espacio: qué mecanismos de rendición de cuentas aplicarían si un gobierno es accionista, quién representa los intereses de usuarios sin asiento en esa mesa y cómo se evita que la seguridad nacional se transforme en pretexto permanente para decisiones que sirven intereses mucho más estrechos.

Si EE.UU. termina siendo dueño parcial de OpenAI, ¿en qué momento exacto deja de ser diferente de lo que siempre criticó?

1. Reuters / Bloomberg – Reportes sobre conversaciones entre la administración Trump y OpenAI respecto a participación gubernamental (2025)

2. Council on Foreign Relations – The Digital Silk Road: China's Quest to Wire the World and Win the Future, Jonathan Hillman

3. Marietje Schaake – The Tech Coup: How to Save Democracy from Silicon Valley (2024)

4. Electronic Frontier Foundation – Análisis sobre captura regulatoria en IA y riesgos de concentración de poder estatal

5. OCDE – Artificial Intelligence in Society (2019) – Marco sobre gobernanza de IA y riesgos de concentración