Kaitiakitanga es responsabilidad intergeneracional porque en la cosmovisión maorí la tierra no se posee sino que se cuida para las generaciones venideras. Un paper académico propone adoptar este concepto junto con Hozho como base para la gobernanza de la inteligencia artificial. La distinción entre cuidar y poseer revela exactamente lo que falta en casi todas las estructuras regulatorias actuales, centradas en riesgos y cumplimiento inmediato.

El diálogo global de la ONU sobre estos asuntos avanza sin representación indígena formal en las decisiones centrales. Los autores del paper conocen el terreno y destacan cómo los enfoques dominantes resultan cortoplacistas. Ofrecen un vocabulario de equilibrio que la jerga técnica de alineación y mitigación simplemente no posee.

La propuesta merece leerse con atención antes de cualquier juicio. No se trata de relaciones públicas corporativas: el gesto introduce términos como soberanía de datos indígena en círculos que antes los pasaban por alto, y realiza una traducción cultural que antes no existía en esos foros.

¿Qué significa realmente incorporar Kaitiakitanga si las comunidades que le dan sentido carecen de poder vinculante sobre su aplicación? La respuesta no resulta cómoda. El concepto vive inseparable de las estructuras de whanau, hapu e iwi que determinan quién ejerce la tutela y bajo qué reglas. Tomar solo la palabra sin transferir autoridad vacía el significante de su función operativa.

Vi dinámicas parecidas en organizaciones donde se adopta lenguaje nuevo sin tocar las estructuras reales de decisión. Las Piedras No Mienten examina cómo a lo largo de la historia se repite esta selección parcial de ideas: se toma la superficie y se descarta lo que costaría poder real. Sin la autoridad subyacente, el préstamo cultural se convierte en ornamento.

El caso mapuche en Chile muestra la misma tendencia en terreno concreto. Proyectos de infraestructura y extracción de litio avanzan tras consultas que cumplen el Convenio 169 de la OIT en la letra pero no en el espíritu. Se documenta la objeción y el proyecto sigue adelante igual. La consulta se transforma en trámite administrativo en lugar de veto real.

Esta regularidad persiste porque las decisiones técnicas se diseñan primero entre potencias y expertos. El lenguaje inclusivo llega después, como revestimiento. La Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático surgió sin voz indígena formal. Años más tarde se creó el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, que todavía hoy solo ejerce un rol consultivo sin capacidad vinculante.

La gobernanza de IA reproduce esa secuencia a mayor velocidad. Primero llega el diseño entre estados y compañías. Luego los conceptos maoríes y navajos entran por la puerta académica como insumos disponibles. Esto no rompe con la extracción de conocimiento ancestral que ya se documentó en debates sobre modelos de lenguaje: añade solo una capa más sofisticada de retórica.

¿A quién beneficia que el vocabulario indígena circule sin el poder que lo sostiene? Las empresas obtienen legitimidad ética sin ceder dominio sobre datos o cómputo. Los estados con proyectos activos en territorios indígenas ganan cobertura discursiva. El discurso de inclusión que promueve la ONU adquiere peso simbólico precisamente cuando menos cambios estructurales ofrece. Ninguna de estas ganancias llega a las comunidades citadas.

Existe una diferencia clara entre traducción cultural genuina y apropiación funcional. La primera exige trasladar también la autoridad. La segunda copia solo la parte visible y descarta el resto. Algo parecido ocurre en el diseño de sistemas complejos, donde se toma el nombre de la función pero no su lógica interna. Todavía no tengo claro cómo se resuelve del todo esta tensión, aunque sigo pensando en ella.

Lo que falta no es más vocabulario en los papers. Falta plantear una pregunta estructural que ni el diálogo de la ONU ni las cumbres corporativas han enfrentado de frente: qué fracción de autoridad decisoria sobre infraestructura, extracción de datos y despliegue en territorios indígenas estarían dispuestos a ceder los estados y las empresas, como veto vinculante y no como mera consulta. Mientras esa pregunta quede sin respuesta, cualquier mención de Kaitiakitanga sigue siendo un gesto sin consecuencias operativas.

El Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas opera desde hace décadas sin poder real sobre las decisiones climáticas que más afectan a los territorios que representa. Si la gobernanza de IA sigue el mismo manual, es probable que dentro de algunos años exista un órgano consultivo indígena con presencia simbólica pero incapaz de detener un solo proyecto de extracción de datos. ¿Qué sucedería si en vez de pedir prestado el idioma se invitara a sus hablantes a reescribir las reglas desde cero?

Fuentes

1. Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y creación del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas

2. Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales

3. Documentación pública sobre procesos de consulta previa en proyectos de litio en territorio mapuche, Chile