Hay una pregunta que no aparece en los reportes del Foro Económico Mundial, en las audiencias del Congreso ni en los análisis académicos sobre el futuro del trabajo. No porque sea impensable, sino porque formularla en voz alta obliga a nombrar lo que muchos prefieren dejar implícito: quién escribe las reglas y a favor de quién.

El debate público sobre inteligencia artificial y empleo se ha organizado alrededor de respuestas a una cuestión distinta. El ingreso básico universal como red de protección ante la automatización. Modelos económicos alternativos al mercado. El neoludismo como rechazo activo. Son propuestas serias, con argumentos sólidos. Todas responden a qué modelo deseamos. Ninguna aborda la pregunta previa: quién tiene la autoridad para decidirlo y mediante qué procesos la ejerce.

Esta no es una cuestión técnica. Es una cuestión de poder. Y el poder no espera a que se le formule con elegancia.

La visión dominante afirma que el Estado ya responde. La ley de inteligencia artificial de la Unión Europea se considera la regulación más ambiciosa disponible. Clasifica sistemas según riesgo, exige transparencia y auditorías. En el papel representa un avance. Hay investigadores que la defienden como modelo exportable y aciertan en varios puntos: obliga supervisión humana y documentación en aplicaciones de alto riesgo como crédito, empleo e infraestructura crítica.

El problema no está en lo que la norma dice. Está en lo que evita tocar.

La ley no incluye disposición alguna sobre quién decide la dirección de la innovación tecnológica. Regula transparencia, no poder. Regula riesgo, no distribución. Mientras tanto, medidas posteriores ya empujaron en sentido contrario al diluir obligaciones de alto riesgo y suavizar requisitos de cumplimiento. La regulación llega como gestión de riesgo, no como disputa sobre quién lleva el timón. Son dos asuntos distintos aunque compartan vocabulario.

Mientras las instituciones clasifican, las empresas escriben. Y lo hacen con nombres y apellidos.

La red de comités de acción política agrupados como Leading the Future reportó más de cincuenta millones de dólares ante la autoridad electoral. Dos de sus principales impulsores aportaron veinticinco millones cada uno. El mismo estratega que coordinó esfuerzos similares en otros campos lidera esta red. Su objetivo declarado no es promover buena inteligencia artificial. Es bloquear regulación estatal, comenzando por oponerse a legisladores específicos que impulsaron leyes de seguridad. No se trata de cabildeo difuso. Es una operación precisa para mantener vacío el espacio donde alguien podría hacer la pregunta que nadie cobra por formular.

Esto revela quién sostiene la pluma por defecto cuando nadie más la reclama.

Hay un detalle que ilustra algo estructural. El informe sobre pérdidas de empleo por automatización publicado por la oficina del senador Bernie Sanders en 2025 usó proyecciones generadas por ChatGPT en parte de su trabajo. El instrumento que modela el daño es el mismo que lo produce. Esto no habla de hipocresía. Muestra cómo las herramientas de poder se infiltran hasta en la resistencia al poder. Quien quiera disputar los términos debe ser consciente de con qué los disputa.

Lo curioso es que el cambio real, cuando llega, rara vez viene desde la parte delantera del tren. La imagen de Snowpiercer sigue siendo útil: en un sistema cerrado los términos nunca se reescribieron por concesión voluntaria. Siempre requirieron presión sostenida desde atrás, vagón por vagón. Sindicatos de actores mantuvieron huelgas prolongadas hasta obtener protecciones concretas sobre uso de inteligencia artificial y réplicas digitales. Los estibadores negociaron prohibiciones directas sobre grúas completamente automatizadas. Guionistas incorporaron salvaguardas de autoría. Ninguna de estas victorias surgió del Estado ni de papers académicos. Surgieron de trabajadores que entendieron que la negociación colectiva sigue siendo, por ahora, el mecanismo que realmente disputa términos en tiempo real.

Esa negociación funciona como regulador de facto mientras las instituciones aún clasifican riesgos. Brynjolfsson lo ha señalado con claridad: cuando la máquina sustituye trabajo, los trabajadores pierden no solo ingresos sino poder de negociación económico y político. Quedan dependientes de quienes controlan la tecnología. Eso, sin eufemismos, es exactamente la pregunta que nadie cobra por hacer.

Todavía no está resuelto cómo escalar esto. Los logros protegen sectores con alta organización y visibilidad. No cubren aún a contadores de nivel medio, analistas junior ni operadores de centros de atención en distintas ciudades. Las voces que disputan desde las economías emergentes permanecen subarticuladas, no por falta de ideas sino porque los foros donde se decide las excluyen por diseño. Hay aspectos que no entiendo completamente. Sigo explorando cómo se articularía una disputa más amplia.

Un dato complica las versiones catastrofistas: alrededor del noventa y cinco por ciento de las empresas que han aplicado inteligencia artificial generativa aún reportan pérdidas netas en esa inversión. La transformación masiva del empleo que modelan algunos informes no ocurre a la velocidad de los titulares. Eso no significa que no vaya a ocurrir. Significa que existe tiempo. Y ese tiempo puede usarse para disputar términos o para cederlos por omisión.

La pregunta de cierre no es qué modelo queremos. Esa ya tiene demasiadas respuestas compitiendo.

¿Quién va a sostener la pluma cuando se escriban las reglas, y qué estás haciendo para que no sea solo quien ya la sostiene?

Fuentes

1. European Parliament. EU Artificial Intelligence Act (2024). Texto oficial y análisis de disposiciones de alto riesgo.

2. Federal Election Commission. Leading the Future PAC — Financial Disclosures (2024-2025). Filing público, más de cincuenta millones de dólares reportados.

3. Brynjolfsson, Erik & McAfee, Andrew. The Second Machine Age. W.W. Norton, 2014. Capítulos sobre poder de negociación y distribución tecnológica.

4. SAG-AFTRA. Acuerdo de Televisión y Cine 2023 — Provisiones de IA. Comunicado oficial del sindicato.

5. International Longshoremen's Association. Acuerdo Marco USMX-ILA 2024 — Cláusula de automatización de equipo portuario.