Uzbekistán se ha convertido este año en el primer país de Asia Central que adopta oficialmente las herramientas Think.CareCoop y Start.CareCoop, diseñadas por la Organización Internacional del Trabajo. Dicho así suena a nota institucional. Detrás del anuncio hay un estado que formaliza mediante estructura cooperativa un trabajo que por generaciones permaneció fuera de todo registro y sin reconocimiento alguno.

Una cooperativa de cuidado es una organización de propiedad compartida donde las cuidadoras se agrupan para negociar condiciones, recibir capacitación y buscar reconocimiento legal: eso promete el modelo. El trabajo que casi siempre se hizo gratis dentro de las familias ahora intenta ganar peso formal.

Merece decirlo desde el principio. Este texto no busca vaticinar si Uzbekistán fracasará o triunfará. La intención declarada del Ministerio de Empleo de escalar cooperativas de cuidado sigue siendo una meta y no un resultado medido. Lo que se puede examinar es el diseño del experimento y compararlo con lo que ya muestran experiencias similares en otros lugares.

¿Por qué le interesa a Asia Central formalizar un trabajo que durante décadas quedó fuera de toda estadística? Porque la región lleva sosteniendo una economía de cuidado casi invisible en los registros oficiales, y la OIT calcula que a nivel global el trabajo de cuidado no remunerado equivale a billones de dólares en valor no contabilizado, sostenido sobre todo por mujeres. Uzbekistán, con una población que envejece y una fuerza laboral femenina históricamente relegada a lo doméstico, encaja en el perfil que atrae a organismos multilaterales en busca de casos piloto visibles.

Los organismos internacionales necesitan éxitos que puedan exhibir. La ONU ha institucionalizado los años cooperativos sin mecanismos correctivos reales, algo que se analizó respecto a la resolución A/RES/80/182. Lo mismo ocurre con la OIT cuando promueve la economía social como alternativa. No hay nada ilegítimo en ello. La pregunta legítima es si la formalización cooperativa transforma realmente la estructura de poder de las cuidadoras o simplemente le da al estado uzbeko una manera más ordenada y barata de gestionar lo que antes gestionaban las familias.

Ese cui bono merece desglosarse con calma. El estado reduce presión fiscal sobre sistemas de protección social al externalizar el cuidado hacia cooperativas que operan con financiamiento parcial y expectativas de autosuficiencia. El Ministerio de Empleo gana visibilidad regional al ser el primero en adoptar estas herramientas de la OIT en Asia Central. Las agencias de la ONU consiguen un caso que legitima su relato de economía social frente a modelos puramente mercantiles. Las cuidadoras ganan, en el mejor escenario, reconocimiento legal y capacitación. En el peor ganan una etiqueta que formaliza precariedad sin resolverla.

He visto tendencias similares en otros contextos. Indonesia lo vive ahora con el programa Rojo y Blanco, donde investigadores de la Universidad Gadjah Mada advierten que ochenta mil cooperativas nuevas podrían repetir la captura política que ya afectó a las antiguas KUD y los BUMDes. La estructura cooperativa por sí sola no protege contra el control estatal. Lo que decide si fortalece o contiene es quién maneja la información y quién audita las decisiones.

El contraste es brutal. Mientras Uzbekistán aparece como pionero regional en formalización cooperativa del cuidado, Euskadi, una de las regiones más prósperas de España dentro de uno de los estados de bienestar más consolidados de Europa, sigue documentando una crisis de cuidados sin resolver. Reportes de KUNR y análisis del sector en el País Vasco muestran escasez de trabajadoras, salarios insuficientes y licencias parentales inadecuadas. Ni décadas de estado social han aliviado del todo esa presión. Interesante. Muy interesante.

Esto desmonta la idea implícita de que Occidente ya resolvió el cuidado y ahora solo exporta soluciones. No lo resolvió. Lo subcontrató, lo mercantilizó parcialmente o lo dejó flotando entre familias sobrecargadas y trabajadoras migrantes mal pagadas. El mismo problema que se vio en la huelga de trabajadoras de cuidado en Nova Scotia reaparece aquí. El trabajo más difícil de automatizar sigue siendo el peor pagado, sin importar el ingreso per cápita.

¿Qué diferencia a un cooperativismo que nace desde la base de uno impulsado desde arriba? La cooperativa textil de Rochdale, fundada en 1844 por veintiocho tejedores ingleses, nació para resolver un problema concreto: comprar harina sin yeso y escapar de las tiendas de la empresa que inflaban precios. Nadie la diseñó desde un ministerio. Surgió porque un grupo de trabajadores sin poder individual decidió juntarse. El movimiento cooperativo que luego se extendió por media Europa creció desde esa solución pequeña y local.

Las cooperativas de cuidado uzbekas nacen en sentido inverso: desde un ministerio, con herramientas elaboradas en Ginebra, aplicadas desde arriba sobre una población que quizás nunca participó en diseñar las reglas. Eso no las condena de antemano; Mondragón combina coordinación centralizada con autonomía local y funciona con resultados razonables. Cambia, sin embargo, la pregunta central. Quién puede corregir el rumbo si el diseño falla. Sin ese mecanismo de retroalimentación, la estructura cooperativa puede volverse decorativa, una capa de legitimidad sobre relaciones de poder que permanecen intactas.

Reconozco que no tengo visibilidad directa sobre cómo operan estas cooperativas específicas en Uzbekistán ni sobre si las trabajadoras participaron en sus estatutos o simplemente los recibieron ya armados. Esa información no está disponible públicamente todavía. Cualquier afirmación tajante sobre éxito o fracaso sería prematura. Lo que sí puede afirmarse es que el antecedente de captura política en cooperativas impulsadas por el estado está documentado y que la ausencia de correctivos representa una alerta razonable, no un veredicto.

Hay algo aún más incómodo en esta historia. Casi ningún medio occidental grande cubrió este anuncio uzbeko con la atención que merecía. La hipótesis, después de seguir coberturas similares, es que Uzbekistán no encaja en el guion habitual. En ese guion los países del antiguo bloque soviético o las economías emergentes son receptores pasivos de políticas diseñadas en Washington, Bruselas o Ginebra, no laboratorios activos. Cuando un país como Uzbekistán se adelanta en un tema tan sensible como el cuidado, antes que España, Alemania o Estados Unidos, la asimetría narrativa incomoda. Es más fácil ignorarlo.

Las Piedras No Mienten lo muestran con claridad. No tengo una conclusión limpia sobre si esto terminará fortaleciendo genuinamente a las cuidadoras uzbekas o si se convertirá en otro mecanismo de contención de costos disfrazado de acción colectiva. Lo que propongo como ejercicio honesto es dejar de observar estos experimentos con el binocular invertido, asumiendo que lo que ocurre en Tashkent es menor comparado con lo que ocurre en Bilbao o Nueva York. La crisis del cuidado es global, transversal a niveles de ingreso, y ningún modelo estatal, cooperativo o de mercado la ha resuelto completamente en ningún lugar.

¿Y si el verdadero laboratorio no está donde Occidente espera encontrarlo?