La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones abrió a consulta pública, del 27 de julio al 21 de agosto de 2026, unos Lineamientos de Derechos de las Audiencias que obligan a radiodifusoras y televisoras a separar con claridad la opinión de la información. Deben mantener un código de ética, nombrar un defensor de audiencia y ofrecer un mecanismo de quejas ciudadanas. Quien incumpla puede pagar una multa de hasta el uno por ciento de sus ingresos anuales. Esta regulación es asimetría de vara porque el Estado impone estándares al comunicador privado mientras se exime a sí mismo.

El relato oficial es sencillo y tiene lógica interna. Sheinbaum ha insistido en que no habrá sanciones a contenidos, solo a la ausencia del mecanismo administrativo. No te van a callar por decir algo. Te multarán si no tienes defensor de audiencia o si mezclas opinión con nota informativa sin avisar. Infobae lo resumió en sus seis claves como una ley que protege más de lo que censura. El Imparcial reportó que las multas van dirigidas a concesionarios que llevan años operando sin controles reales sobre esa mezcla.

¿Es censura la nueva regulación de audiencias en México? No en el sentido clásico. Nadie va a prohibir que un canal transmita cierta nota o que un conductor opine sobre política migratoria. La regulación no toca el contenido. Toca el empaque. Que digas explícitamente esto es opinión o esto es información verificada. Eso, en teoría, es exactamente lo que cualquier audiencia necesita para no confundir columna con reportaje.

Existe un problema real de opinión disfrazada de noticia en radio y televisión concesionada. Cualquiera que haya visto un noticiero nocturno con análisis que en realidad es propaganda pagada lo sabe. La CIRT avaló el texto de los lineamientos, eso ya es revelador. Representa justamente a los concesionarios que serán regulados. Juez y parte. La regla podría ser útil si se aplicara en serio.

¿Qué obliga exactamente la CRT a los comunicadores? Código de ética verificable, defensor de audiencia con capacidad real de resolución, mecanismo de quejas ciudadanas y separación explícita entre opinión e información en cada transmisión. Todo esto aplica a radio, televisión abierta, TV y audio de paga y programadoras comerciales, públicas y sociales. Multa de hasta el uno por ciento de ingresos anuales si no cumples.

Pero hay una lista de quién queda fuera que cambia por completo el sentido de la regla. Prensa escrita, portales digitales, redes sociales y la comunicación oficial del gobierno. Es decir la Mañanera. El vehículo comunicacional más influyente y con mayor alcance diario en México queda exento de la misma vara que se le exige a un canal de radio local en Chihuahua.

Aquí el discurso oficial deja de sostenerse. SPIN Taller de Comunicación Política documentó entre ochenta y cien aseveraciones falsas, engañosas o no verificables por conferencia durante el sexenio de López Obrador. El Universal reportó que el conteo llegó a 56,181 en tres años. Sumando las mil cuatrocientas treinta y ocho conferencias del sexenio completo hablamos de un aproximado de ciento diez mil aseveraciones cuestionables emitidas desde el atril presidencial. Ningún concesionario se acerca. Punto.

El mismo gobierno que produjo ese volumen creó en junio de 2021 un segmento llamado "¿Quién es quién en las mentiras?" donde el Ejecutivo determinaba unilateralmente qué periodistas mentían y cuáles no. Sheinbaum institucionalizó el sucesor, el Detector de Mentiras que se transmite los miércoles. Reporteros Sin Fronteras alertó en 2026 que México se encamina hacia lo que llaman una autocracia informativa. La ironía es clara. El actor con el historial documentado más grande de aseveraciones no verificables es al mismo tiempo el único con un segmento oficial que juzga la veracidad ajena.

Esta tendencia se repite con variaciones técnicas en Rusia, Hungría y Turquía. En Rusia la ley de agentes extranjeros obliga a medios y periodistas designados a etiquetar cada pieza con la leyenda AGENTE EXTRANJERO en letra el doble de grande. Aplica solo a independientes, los medios estatales ni mencionan los nombres. En Hungría Viktor Orbán construyó un Media Council con poder concentrado mientras KESMA quedó exento por decreto. En Turquía el regulador RTÜK ha multado de forma sistemática a canales críticos mientras el estatal opera sin el mismo escrutinio. Human Rights Watch documentó cómo la publicidad se concentra en los afines.

El común denominador no es la censura directa. Es la asimetría de vara. El Estado exige transparencia, ética y verificabilidad a quien puede contradecirlo y se exime a sí mismo del mismo estándar.

¿Qué haría honesta esta regulación? Que la misma obligación aplique al Ejecutivo. Un defensor de audiencia para la Mañanera con capacidad real de señalar cuándo el Presidente pasa de informar a opinar. Una distinción explícita en tiempo real entre lo que la Presidencia afirma como hecho verificado y lo que presenta como valoración política. Y una consecuencia institucional equivalente por incumplir ese estándar. El ciudadano merece saber. El argumento no distingue entre un canal de cable y un atril presidencial.

Modelos regulatorios como la Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea imponen obligaciones de transparencia sobre plataformas sin eximir al Estado. Brasil discutió un diseño parecido con su proyecto de ley 2630. La diferencia con el modelo mexicano no es sutil. Esos marcos regulan la moderación con reglas iguales para todos los actores.

Esto conecta con Las Piedras No Mienten. Los sistemas de cooperación forzada necesitan monopolio del relato para sostenerse en el tiempo. Las inscripciones en ruinas antiguas muestran gobernantes que registraban solo sus victorias mientras silenciaban otras voces. No hace falta cambiar las leyes de libertad de expresión, basta con cambiar las de ética informativa y decidir con cuidado quién queda dentro del sujeto regulado y quién queda fuera. Es una técnica de control simbólico más elegante que la censura clásica porque no necesita prohibir nada.

Este diseño no depende de que Morena sea el partido en el poder. El mecanismo es institucional. Cualquier gobierno que controle el aparato regulador y quede fuera de su propio alcance tiene el mismo incentivo estructural. La CRT reporta a la Agencia de Transformación Digital. El IFT era autónomo hasta octubre de 2025.

El dato que probablemente contradice lo que muchos asumen sobre esta discusión es este. El actor con el registro documentado más alto de aseveraciones no verificables en la historia reciente de la comunicación gubernamental mexicana es también el único actor institucional con un segmento semanal dedicado a juzgar la veracidad de terceros. La vara que se le exige al canal de radio local no se le exige al emisor con más aseveraciones dudosas del país.

¿A quién beneficia una regla que solo mide a quienes pueden contradecirte?