Cincuenta y nueve mil muertos. Trece millones de personas desplazadas. En medio de esas cifras aparece un dato que complica cualquier lectura simple del conflicto: cerca de dos mil excombatientes colombianos operan drones y armamento para las Fuerzas de Apoyo Rápido en Darfur y Kordofán. Un reporte reciente de la misión de investigación de la ONU lo confirma con rutas, nombres y responsabilidades trazadas.

El mercenariado en Sudán es un negocio transnacional porque convierte el sufrimiento prolongado en flujo de caja predecible. El informe no describe una guerra civil aislada. Muestra una cadena de suministro internacional con eslabones visibles en Colombia y Chad. Redes de este tipo encuentran en la duración del conflicto un modelo rentable, y eso queda expuesto entre líneas del documento.

Colombia genera ese excedente humano después de años de combate irregular. El desescalamiento interno dejó miles de operadores con experiencia real y pocas salidas estables. Ese volumen no desaparece. Se reubica. Intereses cruzados. Ya se vio en Yemen con contratistas apoyando a fuerzas emiratíes. Se ve ahora en Sudán con números concretos sobre drones, logística y entrenamiento fluyendo hacia las FSR.

¿Por qué Sudán en particular atrae estas redes de mercenarios? Por sus recursos. Oro, tierras fértiles y una ubicación estratégica en el Mar Rojo interesan a varios actores regionales y globales. El enfrentamiento entre el ejército sudanés y las Fuerzas de Apoyo Rápido refleja esa disputa por el dominio del territorio. No se reduce a una pelea interna. Patrocinadores externos sostienen los bandos mientras permanecen en la sombra.

Aquí surge la pregunta que pocos quieren responder con claridad. ¿A quién beneficia que la guerra continúe? A los proveedores de armas que hallan un mercado con menos escrutinio. A las empresas de contratistas que cobran por operador desplegado. A gobiernos regionales que prefieren un Sudán fragmentado antes que uno capaz de negociar sus propios términos. Silencios convenientes.

Chad cooperó con los investigadores de la ONU. Colombia también entregó información. Otros países no ofrecieron respuestas sustanciales. Cooperar una vez iniciado el daño difiere de impedir que ciudadanos propios se integren a estas cadenas, y el lenguaje diplomático suele ocultar esa elección.

Tendencias similares aparecen en contextos anteriores. Marruecos empleó flujos migratorios hacia Ceuta como herramienta de presión sin necesidad de guerra declarada. En Sudán el mecanismo se invierte: se importa capacidad militar especializada para evitar que el conflicto llegue a un punto de negociación por agotamiento.

Durante la Guerra Fría, potencias externas alimentaron proxies en varios escenarios. Angola, Mozambique, Nicaragua. El cálculo era claro: la guerra prolongada servía intereses mientras no escalara a confrontación directa. Hoy el esquema se privatiza. Contratistas, empresas de fachada y rutas difusas permiten a los estados de origen negar responsabilidad directa.

Esta dinámica conecta con la advertencia de Eisenhower en su discurso de 1961 sobre el complejo militar-industrial. El mercenariado actual representa su versión descentralizada y extendida a escala global. Requiere conflicto sostenido para mantenerse viable.

Terminar la guerra en Sudán exige más que un acuerdo entre las facciones locales. Hace falta desmantelar la infraestructura financiera y logística que cruza al menos media docena de fronteras. Un embargo de armas extendido, como recomienda la ONU, ataca solo parte de la cadena. El entrenamiento, los operadores y los pagos siguen moviéndose si no existe voluntad real de investigar los orígenes.

El capítulo sobre Rojava en Las Piedras No Mienten muestra un fenómeno paralelo. Conflictos largos bajo presión externa generan estructuras de poder que encuentran ventajas en mantener el estado de excepción. La cohesión producida por la guerra puede volverse un obstáculo para la paz. Sudán transita el mismo camino desde 2023.

Todavía no tengo claro cómo se rompe completamente este ciclo. La transparencia exigida por el reporte de la ONU, con nombres, rutas y flujos de dinero, representa un primer paso necesario aunque insuficiente. Las sanciones sin aplicación sostenida no modifican los incentivos de quienes obtienen ganancias de la duración. Sudán produce desplazados a un ritmo que ya supera los peores momentos de otros conflictos recientes.

¿Quién con capacidad real de interrumpir estos flujos tiene incentivos genuinos para hacerlo?