El New Commons Incubator, una iniciativa del GovLab junto con Microsoft y la UNESCO, anunció que apoyará bienes comunes de datos lingüísticos y culturales liderados por comunidades indígenas. Hasta donde indican las fuentes de la incubadora y de la UNESCO, todavía no hay comunidades participantes anunciadas ni resultados que evaluar. Tampoco está confirmada la fecha exacta del lanzamiento. Lo que existe es una promesa y un objetivo declarado: que el dominio sea de las comunidades.

Un común de datos es un recurso colectivo cuyas reglas de acceso y uso definen quienes lo producen, porque el manejo real distingue esta figura de un simple repositorio. Esa definición sirve de vara para medir. Este texto entonces no es un veredicto sobre la iniciativa. Es una lista de criterios para saber, cuando lleguen los anuncios, si lo que se construye es un común o un cercamiento con mejor reputación. La noticia de Deb Haaland algunos la mencionan como telón de fondo político. La dejo como contexto y nada más.

Primero la historia. Los cercamientos ingleses entre los siglos XVI y XIX convirtieron pastos, bosques y campos abiertos en propiedad cerrada. Se presentaron como modernización, más productividad, mejores cultivos, orden jurídico. Había parte de verdad en ese relato y por eso funcionó. La tendencia de fondo, sin embargo, es otra. Un recurso colectivo pasa a gestión privada justo cuando aparece una tecnología que lo valora. En aquel caso fue el mercado de la lana. Hoy son los modelos de lenguaje: una lengua con pocos hablantes y poca documentación se vuelve materia prima escasa.

¿Quiénes perdieron más en aquellos cercamientos? Los comuneros perdieron acceso casi siempre. Salvo donde existían reglas locales fuertes. Esa excepción es la clave de todo lo que sigue. Lo que protegió a algunos no fue la buena voluntad del terrateniente. Fueron sus propias instituciones, con capacidad de hacerse respetar.

Ahí entra Elinor Ostrom. Su trabajo, que le valió el Nobel de Economía en 2009, documentó comunes que sobrevivieron siglos sin privatizarse ni estatizarse. Sus principios dan una prueba concreta: límites claros sobre el recurso y sobre quién pertenece, reglas definidas por la propia comunidad, monitoreo, sanciones graduadas y derecho a organizarse sin que una autoridad externa lo desconozca. Aplicado a datos de lengua y cultura el examen es incómodo. ¿Quién traza la frontera entre dato compartible y conocimiento sagrado? ¿Quién vigila el uso?

La pregunta de fondo es quién fija las reglas reales en esta incubadora. Suelo pensar que las fija quien financia y aloja la infraestructura. Que Microsoft sea socio no la descalifica. Obliga, sin embargo, a preguntar por licencias, términos de almacenamiento, derechos de uso y capacidad de veto. Hablo aquí de especulación razonable, no de hechos concretos: las fuentes no detallan esos términos. Pero en cualquier estructura el que tiene los servidores suele tener la última palabra práctica. Sin importar lo que diga el comunicado.

Pasemos al cui bono. Financieramente, quienes más ganan con un acervo lingüístico bien documentado y legitimado son las empresas de IA. Obtienen datos de calidad con etiqueta de consentimiento. Las comunidades, en cambio, solo ganan poder si logran manejo contractual real. La historia que avanza es la de la inclusión responsable. Y es una buena historia, justamente por eso conviene examinarla. Quienes ya entrenan modelos con datos indígenas sin consentimiento son los que más agradecen la distracción. Una iniciativa visible y amable les sirve de coartada comparativa. La inclusión responsable sin manejo contractual es un cercamiento con otro nombre.

Nada de esto significa que las comunidades sean un bloque homogéneo. Ni que las empresas actúen de mala fe por definición. Hay comunidades que querrán compartir su lengua con fines educativos, otras que no querrán compartir nada. Ambas decisiones son legítimas. Ese es precisamente el punto, la decisión tiene que ser suya. Tampoco las empresas son monolitos, hay equipos internos que sí quieren hacer esto bien. Pero las buenas intenciones no sustituyen a los mecanismos.

¿Cómo se vería un control real? Lo pienso como diseño de sistemas, porque eso es la gobernanza. Requiere consentimiento previo, informado y revocable, no una casilla marcada una sola vez. Las licencias deben viajar con el dato y limitar el uso comercial salvo acuerdo expreso, con cláusulas de retorno de beneficios escritas. Las comunidades necesitan administrar directamente los permisos técnicos. Que tengan las llaves. No que las pidan prestadas. Hace falta veto efectivo sobre usos nuevos, incluida la retirada de datos y el registro de su rastro. Y retroalimentación mediante auditorías legibles y activables por la comunidad, con sanciones graduadas ante incumplimientos. Un reglamento sin ese circuito es mera decoración.

Esto conecta con algo que desarrollo en Las Piedras No Mienten. Quienes producen el valor pierden el manejo sobre él, casi siempre sin anuncio previo. Pasó con los campesinos ingleses. Pasa cuando el trabajo cognitivo se absorbe en estructuras que otros administran. La lengua de una comunidad es trabajo acumulado durante siglos. Convertirlo en insumo está bien solo si responde ante quien lo produjo.

No tengo claro todavía cómo se verificará nada de esto. Reconozco que un diseño contractual impecable puede fallar si la comunidad carece de recursos técnicos y jurídicos. Esa es la grieta más probable, el apoyo a capacidades locales importa tanto como la licencia misma. Merece la pena seguir la iniciativa con estas preguntas en la mano. ¿Qué comunidades? ¿Qué contrato? ¿Quién aloja los servidores? ¿Quién puede decir que no? Si las respuestas llegan con nombres, textos y servidores bajo manejo comunitario, habrá algo nuevo. Si solo traen principios, ya conocemos la historia.

¿Y si las comunidades logran no solo los datos sino la llave real de su futuro digital?

Fuentes:

1. New Commons Incubator (GovLab, Microsoft, UNESCO): materiales de anuncio de la iniciativa.

2. UNESCO: materiales sobre la iniciativa y sobre datos lingüísticos y culturales indígenas.

3. Elinor Ostrom, Governing the Commons (1990).