La Alianza Cooperativa Internacional firmó en Panamá una declaración que ubica a las cooperativas como agentes de construcción de paz. Suena prometedor. Urgente incluso, en un mundo con más de cincuenta conflictos armados activos. Una declaración de paz cooperativa es un protocolo sin capa de implementación porque define objetivos y actores pero omite el mecanismo que mueve recursos entre ellos. Esa ausencia no es un detalle. Marca la diferencia entre un modelo que opera y una interfaz pulida que circula principalmente en redes de relaciones públicas.

En estructuras técnicas y sociales lo que falta en el diseño de financiamiento simplemente no ocurre. Da igual cuántas firmas acumule el preámbulo. La ICA representa a más de tres millones de cooperativas y al doce por ciento de la población mundial empleada bajo ese modelo. Su meta declarada apunta a cinco billones de dólares en activos cooperativos para 2035. Se trata de una proyección de estrategia, no de un resultado asegurado. Aquí aparece el primer problema de diseño. La declaración pide a los gobiernos reconocer legalmente a las cooperativas como socios de paz. Ese reconocimiento no trae consigo legislación vinculante en ninguno de los países firmantes. Es una invitación, no un contrato.

Esto sigue la línea que la ONU ha marcado al institucionalizar el movimiento cooperativo. La resolución A/RES/80/182 mostró el mismo esquema: señal fuerte y retroalimentación débil. Panamá eleva la apuesta discursiva al vincular cooperativismo con construcción de paz, un terreno donde los organismos multilaterales llevan décadas buscando legitimidad y socios de implementación.

El paralelo con las cooperativas de posguerra europea ayuda a calibrar expectativas. Tras 1945 aquellas entidades de crédito y consumo contribuyeron a reconstruir tejido social en zonas devastadas. Funcionaron a escala local cuando contaron con apoyo externo sostenido. Rara vez reemplazaron la ausencia de instituciones estatales fuertes. El cooperativismo posconflicto complementa al Estado cuando este ya opera. Se queda corto cuando no.

¿Por qué importa distinguir esto ahora? La pregunta de si el modelo cooperativo puede prevenir conflicto sin poder coercitivo ni presupuesto estatal sigue abierta. Los casos de Irlanda del Norte y ciertos experimentos en Israel y Palestina arrojan resultados mixtos. La cooperación económica ayuda. No sustituye.

Aplicando cui bono al documento, el mapa de beneficiarios se aclara. Las cooperativas del top trescientos mundial, con 2.8 billones de dólares en activos combinados, quedan mejor posicionadas para capturar cualquier flujo de financiamiento. Tienen estructura legal consolidada, capacidad de reporte y relaciones establecidas con agencias multilaterales. Una cooperativa pequeña en zona rural de posconflicto carece de ese acceso. La declaración no incorpora ningún proceso que corrija esa asimetría. Si avanza, la brecha entre cooperativas grandes y pequeñas probablemente se profundice bajo el paraguas de la economía de paz.

¿Qué gana la ICA además del posible financiamiento? Gobernanza. Al colocarse como socio estratégico de la ONU en temas de paz la organización obtiene asiento en espacios de decisión donde antes su voz era limitada. La tendencia se repite. Organismo multilateral necesita legitimidad y capacidad de implementación. Movimiento cooperativo necesita escala y reconocimiento legal. Ambos ganan con el acuerdo. Las cooperativas pequeñas y las comunidades sin representación absorben los costos de la asimetría.

Hay otra capa. Los gobiernos de estados frágiles encuentran aquí una salida cómoda. Pueden señalar a las cooperativas como vehículo de reconstrucción sin comprometer reformas estructurales ni presupuesto público sostenido. Externalizan responsabilidad con lenguaje de fortalecimiento comunitario. Muchos simplemente carecen de capacidad fiscal. El efecto práctico no cambia. La carga se traslada a actores que no disponen ni del presupuesto ni del poder coercitivo que posee un Estado funcional.

Volver a Rochdale en 1844 resulta útil. Veintiocho tejedores crearon la primera cooperativa moderna para resolver un problema concreto: comprar harina sin yeso y sin intermediarios abusivos. No había ONU. No había marco legal internacional. Había hambre real y una solución de escala humana. El movimiento que luego se extendió por Europa nació de esa respuesta pequeña, no de un plan trazado desde arriba.

Después el cooperativismo de base terminó institucionalizado y regulado. Se integró a estructuras estatales y transnacionales que no formaban parte de su diseño original. Esto no lo convierte en fracaso automático. Ilustra una tendencia. Los movimientos que buscan escala y legitimidad geopolítica suelen ceder autonomía a cambio de reconocimiento formal. Las Piedras No Mienten explora esa dinámica y distingue entre reformas que corrigen rumbo propio y aquellas que terminan consolidando poder en menos manos. La diferencia no siempre se ve al momento de la firma.

Mondragón ofrece contraste. Su expansión hacia Estados Unidos prioriza mantener gobernanza democrática interna por encima de crecimiento acelerado. La Declaración de Panamá apuesta por escala a través de alianza con estructura multilateral centralizada. Confía en que la legitimidad de la ONU compense la falta de financiamiento propio. Interesante.

La tensión más incómoda aparece en el discurso de la economía social y solidaria como alternativa al capitalismo extractivo. Si las cooperativas se integran como brazo de implementación de la ayuda multilateral tradicional, no están sustituyendo ese modelo. Lo están legitimando con vocabulario distinto. El mismo edificio con fachada renovada. La historia de instituciones de base que persiguen escala ofrece más ejemplos de cooptación que de transformación real del poder. Esto no significa que el esfuerzo de Panamá esté condenado a repetir el guion completo. Significa que el diseño actual, sin capa de financiamiento, sin marco legal vinculante y sin protección para las cooperativas pequeñas, deja la puerta abierta al resultado que la declaración dice querer evitar.

Las cooperativas probablemente puedan construir paz en la escala correcta y con el apoyo correcto. Todavía no tengo claro si esta arquitectura específica, firmada en Panamá con la ICA como socio estratégico de la ONU, está diseñada para eso o para consolidar el poder de quienes ya lo tienen bajo un vocabulario que suena mejor.

¿Quién escribe en realidad el código que determina si el sistema funciona?