En una entrevista publicada por Mongabay Latam, un vocero de Latimpacto soltó una cifra incómoda: de cada dólar comprometido para financiamiento climático en la Amazonía, solo una fracción mínima llega a las organizaciones indígenas y comunidades locales que gestionan el territorio. El resto se pierde entre consultoras, agencias ejecutoras y sucesivas capas de administración que supuestamente garantizan el uso correcto de los recursos.

Esta cifra no sorprende a quienes siguen el tema. Pero pronunciarla con nombre e institución cambia el peso. El problema que este texto desmenuza no es la mera existencia del desvío, sino la estructura que lo vuelve posible —incluso lógico— dentro del modelo actual de financiamiento climático.

El relato dominante, el que aparece en cumbres, comunicados de la ONU y reportes de bancos multilaterales, pinta un avance decidido. Miles de millones se anuncian para proteger la selva. La promesa de mil setecientos millones de dólares en la COP26 para pueblos indígenas y comunidades locales como guardianes de los bosques tropicales suena a punto de inflexión. Fondos verdes, bonos de carbono y pagos por servicios ambientales completarían la ecuación: países del Norte contaminan, países del Sur conservan, y el dinero equilibra la asimetría.

Hay algo rescatable en esa idea. Reconocer que la Amazonía presta servicios planetarios que ningún laboratorio replica —captura de carbono, regulación hídrica, biodiversidad— merece compensación. Es un avance conceptual frente a décadas de tratar la selva como recurso gratuito. Estos procesos de financiamiento corrigen, en teoría, una falla de mercado histórica. Casos puntuales en Ecuador, Perú y Brasil muestran que el dinero a veces llega directamente y produce manejo forestal efectivo. No todo es fachada.

Sin embargo, el mismo informe señala brechas que en algunos programas superan el ochenta por ciento entre lo anunciado y lo desembolsado. No es un detalle técnico: es la diferencia entre una declaración y una operación real. Reportes del Climate Policy Initiative documentan que gran parte del financiamiento etiquetado para la Amazonía permanece en capitales donantes o en oficinas regionales, pagando estudios de factibilidad, consultorías de fortalecimiento, auditorías, viáticos y reuniones para decidir cómo distribuir lo que aún no se distribuye.

Esta tendencia repite casi con precisión la que se observó en los programas de ajuste estructural del FMI y el Banco Mundial durante las décadas de 1980 y 1990. Préstamos condicionados a reformas llegaban envueltos en una burocracia dedicada a verificar que nada se desviara del guion escrito en Washington. Joseph Stiglitz describió cómo esos programas empobrecieron a millones mientras los documentos institucionales celebraban estabilización macroeconómica. Las comunidades indígenas han gestionado estos territorios durante siglos, como confirman hallazgos arqueológicos y registros históricos de prácticas sostenibles que mantuvieron la selva mucho antes de cualquier fondo climático moderno.

El paralelo con el financiamiento climático actual es estructural. Un actor del Norte diseña las reglas, define las condiciones, contrata a los intermediarios y luego reporta el compromiso original como victoria. Solo cambió el vocabulario: de ajuste estructural a gobernanza climática. La retención en cada capa sigue idéntica. Quienes diseñan el proceso rara vez enfrentan sus consecuencias directas en el territorio.

¿Quién gana con esta brecha persistente? Los intermediarios institucionales cobran honorarios de gestión que oscilan entre quince y treinta por ciento antes de que un solo peso toque la selva. Los gobiernos donantes pueden declarar cumplimiento ante electores y Naciones Unidas sin verificación pública detallada. Las instituciones multilaterales conservan el dominio del relato de éxito. Nadie tiene incentivo real para cerrar la brecha porque la brecha misma sostiene el modelo.

Veo esta misma tendencia en otros contextos: protocolos que prometen apertura terminan reforzando nodos concentrados; diseños que anuncian eliminación de intermediarios generan nuevos, más opacos. No es conspiración, es regularidad de incentivos. La distancia entre promesa y ejecución captura valor antes de que llegue a destino.

Casi nadie pregunta en las cumbres por qué seguimos midiendo progreso en dólares comprometidos, en lugar de hectáreas realmente protegidas, dominio territorial efectivo o deforestación que baja de manera verificable. Los reportes celebran anuncios. Las auditorías independientes con datos públicos siguen ausentes. Esa ausencia no es descuido burocrático: resulta funcional para quienes se benefician del relato sin verificación.

Empiezan a emerger modelos de cooperación directa entre organizaciones amazónicas y redes de conservación del sudeste asiático. Comparten presiones extractivas, derechos territoriales frágiles y la misma frustración con intermediarios del Norte. Estos intercambios todavía son experimentales. No está claro si escalarán lo suficiente para desplazar la estructura actual, y sus límites siguen siendo un territorio abierto.

Lo verificable, según análisis de Rainforest Foundation Norway, es que los fondos con un solo intermediario muestran tasas de efectividad en conservación forestal hasta tres veces mayores. La eficiencia no reside en el tamaño del anuncio, sino en la distancia más corta entre quien promete y quien recibe.

¿Qué arquitectura de flujo haría falta para que el dinero cruce esa distancia sin perderse en el camino de las buenas intenciones?

Sources

1. Mongabay Latam — Entrevista con Latimpacto sobre brechas de financiamiento climático en la Amazonía

2. Climate Policy Initiative — Reportes sobre desembolso vs. compromiso en financiamiento climático global

3. Joseph Stiglitz, "Globalization and Its Discontents" — análisis de programas de ajuste estructural del FMI y Banco Mundial

4. Rainforest Foundation Norway — Estudios sobre efectividad de financiamiento directo a comunidades indígenas

5. Naciones Unidas, COP26 — Compromiso de mil setecientos millones de dólares para pueblos indígenas y comunidades locales (2021)