Laval, Quebec, 15 de septiembre de 2026. Roxanne Brown está frente a un grupo de periodistas junto a Marty Warren y Nicolas Lapierre, los líderes canadienses del sindicato que representa a ochocientos cincuenta mil trabajadores en dos países. El mensaje es simple. Dejen de pelearse entre ustedes y vayan a pelear contra quien de verdad les está quitando el mercado.

Un sindicato binacional es una organización que representa trabajadores de más de un país bajo una sola estructura de negociación. Esto importa porque revela algo que las fronteras políticas insisten en ocultar. La cadena de producción del acero no le pregunta a un lingote de dónde viene antes de cruzar Ontario hacia Michigan. Estados Unidos impuso un arancel del cincuenta por ciento al acero durante el verano de 2026. Canadá respondió con aranceles espejo. Y ahí quedaron los dos gobiernos, cada uno mirando al otro como si el problema estuviera del otro lado de la línea.

Brown no está pidiendo que alguien ceda por buena voluntad. Está señalando una asimetría. Mientras Washington y Ottawa se cobran aranceles mutuos, el acero chino sigue entrando a precios que ninguna acería norteamericana puede igualar. Es una guerra en el frente equivocado.

He visto esta tendencia aparecer cuando sistemas de cooperación enfrentan presión. Los actores con más poder de negociación tienden a fragmentar la resistencia de los que tienen menos. Sucede cuando nadie construye los procesos para evitarlo. Dos países con industrias siderúrgicas entrelazadas. Con sindicatos que representan a los mismos gremios a ambos lados de la frontera. Terminan tratándose como competidores en lugar de aliados frente a un tercero que sí está jugando ese juego.

¿Por qué un sindicato tendría más claridad estratégica que dos gobiernos completos? Los incentivos explican mucho. Un gobierno responde a ciclos electorales de corto plazo y a la presión de verse duro frente al vecino. Un sindicato como el USW responde a algo más elemental. El trabajador de Hamilton y el de Pittsburgh cobran del mismo tipo de fábrica, enfrentan el mismo riesgo de cierre y ninguno gana nada si la planta cierra por un arancel que ni siquiera viene de Beijing.

Aquí el asunto deja de ser sobre acero. Se vuelve sobre coordinación, que es el tema que de verdad me interesa. En organizaciones he visto el mismo error. Dos equipos que deberían cooperar terminan compitiendo por recursos internos mientras el competidor externo real se queda observando. No es estupidez. Las estructuras de incentivos casi nunca están diseñadas para premiar la cooperación de largo plazo sobre la victoria táctica.

El paralelo con la planificación estatal china resulta tentador. Algún tiempo atrás lo exploré al analizar sus planes quinquenales. Allá la coordinación se impone desde arriba, con horizontes de una década y sin necesidad de consenso democrático. Acá en Norteamérica la coordinación tendría que construirse desde estructuras intermedias, sindicatos, cámaras binacionales, acuerdos sectoriales, porque ni Estados Unidos ni Canadá van a ceder soberanía a una planificación centralizada. El USW representa exactamente ese tipo de estructura intermedia. Ni estado ni mercado puro. Una organización que agrega el interés de cientos de miles de personas y lo convierte en una voz negociadora.

Lo curioso es que este mismo dilema sobre quién controla la voz colectiva aparece en contextos lejanos. Exploré cómo China exporta mini-programas que clasifican quejas ciudadanas sin dejar espacio para deliberación real, comparándolo con experimentos como Cybersyn en Chile bajo Salvador Allende y Stafford Beer. La pregunta de fondo es la misma. ¿Quién decide qué reclamo cuenta y cuál se descarta? En el caso del acero la pregunta se traduce así. ¿El interés del trabajador se agrega a través de un sindicato con capacidad real de negociación o se disuelve entre dos aparatos gubernamentales que compiten por parecer firmes ante su electorado interno?

La arqueología tiene algo que decir aquí. En Göbekli Tepe, el sitio neolítico en el sureste de Turquía que ha ocupado buena parte de mi atención en Las Piedras No Mienten, la evidencia muestra que cientos de personas coordinaron un esfuerzo constructivo masivo sin ningún estado centralizado que los obligara. No fue perfecto. Ni pacífico. Seguramente hubo fricción, jerarquía, disputas sobre quién comía primero en los banquetes rituales que probablemente sostenían el trabajo colectivo. Pero funcionó durante siglos sin un rey que lo ordenara. La cooperación a gran escala no requiere necesariamente una autoridad central. Requiere mecanismos compartidos de reciprocidad y suficiente claridad sobre quién se beneficia de qué.

El acero norteamericano tiene el problema inverso. Sí hay autoridades centrales, dos de hecho, pero no hay un proceso compartido de reciprocidad entre ellas. Cada gobierno actúa como si el otro fuera el rival cuando el verdadero desafío estructural viene de una tercera fuente, la sobreproducción china de acero, un problema que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico lleva documentando por años y que ningún arancel bilateral entre Washington y Ottawa va a resolver.

Todavía no tengo una fórmula clara de cómo dos gobiernos con incentivos electorales tan distintos logran ver esto de la misma manera al mismo tiempo. Roxanne Brown puede pararse en Laval y decirlo con toda la claridad del mundo. Un sindicato, por representativo que sea, no firma tratados comerciales. Solo puede empujar, presionar, recordarle a cada gobierno que ochocientos cincuenta mil personas están viendo la misma pantalla.

Cientos de miles de trabajadores. Esperando. ¿Qué pasa cuando la estructura que mejor entiende el problema, el sindicato binacional que ve el flujo real de trabajo y capital cruzando la frontera, es también la estructura con menos poder formal para resolverlo?